Lastra exige a Vox rectificar: su cese era anterior al acto de Avilés
Lastra exige a Vox rectificar tras anunciar una querella por Avilés: su cese fue publicado en el BOE el 21 de octubre, antes del acto de Abascal.
La vicesecretaria general del PSOE en Asturias, Adriana Lastra, exige a Vox que rectifique públicamente tras anunciar una querella contra ella por los incidentes del acto de Santiago Abascal en Avilés el 21 de octubre. Según la exdelegada del Gobierno, su cese fue acordado por el Consejo de Ministros el 20 de octubre y publicado en el BOE al día siguiente, por lo que no ejercía el cargo durante el acto.
El origen de la controversia es una afirmación de Vox que atribuía a Lastra funciones de delegada del Gobierno en el momento de los incidentes. La socialista sostiene que el dato es verificable en el Boletín Oficial del Estado y reclama a la formación que corrija la información antes de cualquier actuación judicial.
El episodio se enmarca en la tensión habitual entre partidos en torno a los actos públicos y la responsabilidad sobre el orden en su desarrollo. Lastra cuestiona además que Vox no concrete qué decisiones concretas le imputa, lo que, a su juicio, convierte la acusación en una imputación genérica.
Un elemento relevante es la defensa que, según la propia Lastra, hizo el jefe superior de la Policía Nacional en Asturias del dispositivo desplegado en Avilés, al considerar adecuada la valoración del riesgo y la intervención de los agentes para evitar enfrentamientos. Esa posición pesa en el debate, al situar la discusión sobre la gestión policial de la jornada.
Lastra reitera su condena a cualquier conducta violenta y defiende tanto el derecho de reunión y manifestación como la obligación de garantizar la seguridad de los asistentes. Advierte, además, de que se reserva las acciones legales oportunas si Vox mantiene las acusaciones.
La querella anunciada, de prosperar, deberá dirimir en sede judicial las responsabilidades atribuidas durante los incidentes. Mientras tanto, el caso ilustra cómo las disputas sobre actos de campaña en Asturias trasladan el debate político al terreno de los tribunales y de la comprobación de hechos.