En el pleno de la Junta General del Principado de Asturias (JGPA), el consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, ha defendido la paralización de desahucios ordenada en la empresa pública Viviendas del Principado de Asturias (Vipasa) y ha negado que esto suponga un menoscabo del patrimonio público.

En respuesta a preguntas de la diputada del PP Susana Fernández y el parlamentario de Vox Javier Jové, Zapico ha enfatizado que la medida busca cumplir con la actual ley de Vivienda, estableciendo requisitos como que sea la vivienda habitual y que las personas estén en riesgo de vulnerabilidad. Además, ha anunciado la recuperación del departamento social de Vipasa para brindar apoyo a los inquilinos vulnerables y facilitar la comunicación con otras administraciones.

Sin embargo, tanto Fernández como Jové han expresado preocupación por las consecuencias de la medida. Fernández teme que pueda incentivarse el impago de rentas, mientras que Jové se pregunta si los inversores estarán dispuestos a arriesgarse a construir viviendas públicas si los inquilinos pueden dejar de pagar y son protegidos por el Gobierno sin poder ejercer sus derechos como propietarios.

En la misma sesión plenaria, el diputado del Grupo Mixto Adrián Pumares ha preguntado a la consejera de Educación, Lydia Espina, sobre las actuaciones para lograr un gran pacto por la educación en el Principado de Asturias. Espina ha destacado la voluntad de diálogo y ha animado a todos los partidos políticos a sumarse al acuerdo.

Por otro lado, el diputado del PP Rafael Alonso ha cuestionado a la consejera de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico, Nieves Roqueñí, sobre el coste de la gestión de residuos para los asturianos. Roqueñí ha explicado que los ayuntamientos deciden el modelo de gestión, lo que influye en las tasas que deben pagar los ciudadanos. Ha defendido el trabajo del Consorcio de Gestión de Residuos Sólidos de Asturias (Cogersa), asegurando que permite que los residuos se gestionen de manera separada sin coste adicional para los ayuntamientos y ciudadanos.