
OVIEDO, 5 Ago.
La organización Asturias Ganadera ha alzado la voz este martes contra el Gobierno del Principado, señalando su incumplimiento del compromiso parlamentario de restaurar los montes vecinales en mano común a sus verdaderos propietarios: los residentes locales. Este reclamo se basa en un respaldo unánime recibido en al menos dos ocasiones en la Junta General del Principado.
Xuan Valladares, portavoz de la agrupación, destacó que la Ley 55/1980, del 11 de noviembre, establece el procedimiento legal para devolver esos terrenos a las comunidades que lo demanden. Según Valladares, la administración autonómica carece de "voluntad política" para llevar a cabo lo que consideran no solo una obligación legal, sino también un deber moral.
El portavoz no dudó en calificar el actuar del Gobierno, encabezado por Barbón y Zapico, como una contradicción de sus ideales progresistas. “Prometen una cosa y luego no la cumplen”, afirmó, denunciando lo que considera un desprecio a la voluntad del Parlamento asturiano y un ejemplo de la "hipocresía" del ejecutivo, especialmente cuando se habla de mantener la población en áreas rurales.
Asturias Ganadera enfatiza que los montes que son administrados por comunidades vecinales ofrecen beneficios económicos y ecológicos superiores. La restitución de estos terrenos no solo favorecería la economía local, sino que también contribuiría a la sostenibilidad ambiental.
Por ello, han exigido la devolución "de oficio" de estos montes, apelando a la ley vigente. Además, han instado a los sindicatos agrarios --URA, UCA, COAG y USAGA-- a que se pronuncien claramente sobre este asunto. "La indecisión en este tema sería una traición al entorno rural", advirtieron, reconociendo solo a USAGA por su compromiso hasta la fecha.
Asimismo, han solicitado que la primera reunión del nuevo Consejo Agrario con el consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos Líndez, se utilice para exigir resultados tangibles en este tema. Valladares aseguró que "no cesaremos en nuestra lucha por lo que es legítimamente nuestro".
En cuanto al manejo de la población de lobos, la organización criticó la falta de acciones concretas, acusando al gobierno de adoptar "maniobras dilatorias" en la entrega de informes entre España y Bruselas. “La situación es clara y no requiere más burocracia. Se debe controlar la población de lobos ya”, concluyeron.
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