OVIEDO/BRUSELAS, 17 de julio. La Comisión Europea ha emitido un ultimátum al Gobierno español para que corrija las irregularidades relacionadas con las prórrogas de las concesiones de las autopistas AP-66, que une Asturias con Castilla y León, y AP-9. Estas irregularidades son consideradas una violación de las normativas de la UE sobre contratación pública y concesiones de infraestructuras. Si España no actúa en el plazo de dos meses, la Comisión está dispuesta a llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

De acuerdo con la Comisión, se exige a España que cumpla con las normativas referentes a los contratos de concesión de autopistas. Así lo indica la institución europea al revelar que ha enviado un dictamen motivado a las autoridades españolas para dar seguimiento a un expediente sancionador previamente abierto por estas irregularidades.

Las prórrogas de las concesiones para las autopistas AP-9 y AP-66 fueron extendidas por periodos de 25 y 29 años, respectivamente. Sin embargo, el Gobierno ha procedido a la venta de ambas concesionarias sin haber realizado procedimientos de licitación previos, ni haber publicado avisos en el Diario Oficial de la Unión Europea, lo que infringe las disposiciones de la legislación comunitaria, según la evaluación de Bruselas.

Por este motivo, la Comisión Europea califica las prórrogas como "modificaciones sustanciales", que se asemejan a la adjudicación de nuevos contratos de concesión. Esto significa que deben cumplir con un “procedimiento de licitación competitivo”, respetando los principios de igualdad de trato y transparencia establecidos por las directrices comunitarias.

Ahora, la Comisión otorga un periodo de dos meses al Gobierno español para que aborde las preocupaciones planteadas en el dictamen y lleve a cabo las acciones necesarias para enmendar las irregularidades señaladas.

Si no se soluciona esta situación, advierte la Comisión, se reserva el derecho de avanzar hacia la siguiente fase del procedimiento de infracción, donde podría denunciar al Estado español por el incumplimiento de la normativa comunitaria frente al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.