Capgemini reduce en 31 el número de salidas en su ERE en España, mantiene el conflicto laboral

La consultora tecnológica francesa Capgemini ha ajustado a la baja la cifra de despidos previstos en su Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en España, reduciéndola en 31 personas, hasta un máximo de 717 empleados. La propuesta inicial de 748 salidas se ha modificado tras negociaciones con los sindicatos, aunque el conflicto persiste debido a las condiciones ofrecidas.

El proceso afecta principalmente a siete centros de trabajo en España y forma parte de una estrategia de reestructuración que la compañía justifica por cambios en la demanda del mercado tecnológico. La negociación, que lleva varias jornadas, refleja también la tensión entre la empresa y los representantes sindicales en torno a las condiciones de salida y las indemnizaciones.

Los sindicatos, en particular CCOO, consideran que las propuestas de la dirección no garantizan una protección adecuada a los trabajadores. Reclaman indemnizaciones similares a las de un despido improcedente y mejores condiciones en el escudo social, que incluye colectivos vulnerables como personas con discapacidad o en situación de dependencia familiar.

Mientras tanto, la empresa mantiene su postura de ofrecer primas de adhesión por tramo de edad, que consideran insuficientes, y mantiene el derecho de veto sobre voluntariedad. La negociación continúa con las próximas reuniones previstas para los días 12, 13 y 14 de mayo, en un escenario de tensión que refleja las dificultades del sector tecnológico en un contexto de incertidumbre económica y cambios regulatorios.

Este conflicto laboral en Capgemini se enmarca en un contexto político donde las decisiones en materia de empleo y regulación del mercado digital en España y Europa están en el centro del debate. La discusión sobre condiciones laborales y protección social en el sector tecnológico está también vinculada a las políticas comunitarias y nacionales que buscan equilibrar innovación y derechos de los trabajadores.

De cara al futuro, la resolución de este conflicto y las condiciones finales del ERE serán un indicador del grado de compromiso de las empresas tecnológicas con las políticas de responsabilidad social y de la capacidad del diálogo social para afrontar cambios estructurales en el empleo digital.