OVIEDO, 16 de diciembre. En el marco de la investigación sobre el llamado 'caso Koldo', el empresario Víctor de Aldama ha comparecido ante el juez del Tribunal Supremo, donde ha presentado serias acusaciones relacionadas con la adjudicación de obras públicas. De Aldama, quien se presenta como el presunto conseguidor en esta trama, ha revelado durante su declaración que las comisiones que se habrían pagado por estas adjudicaciones podrían oscilar entre 3,5 y 4 millones de euros. Según sus declaraciones, estas supuestas mordidas estaban distribuidas en complicidad con el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y otros miembros del PSOE.

En particular, De Aldama ha señalado que una de estas comisiones estuvo vinculada al ambicioso proyecto de ampliación a tercer carril y remodelación de enlaces en la A-66, específicamente en el tramo que abarca Lugones-Matalablima, entre las localidades de Oviedo y Siero. Durante su comparecencia, presentó ante el Alto Tribunal una nota manuscrita que, según su narración, data de mayo de 2019 y está atribuida a Koldo García. En esta nota se menciona explícitamente '26 Lugones Matalablima', junto a una flecha que apunta a dos palabras tachadas, siendo una de ellas susceptible de ser 'ASCH', una de las empresas que resultó adjudicataria de dichas obras, en una unión temporal de empresas con Lantania.

El contexto de estas alegaciones se complica aún más al considerar que la inauguración del tercer carril de la 'Y' tuvo lugar el 19 de octubre de 2023, un evento al que asistió la exministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez. Este acto se produjo 47 meses después de que dieran inicio las obras, que comenzaron el 28 de noviembre de 2019, y que ocasionaron considerables problemas de tráfico, especialmente durante la temporada alta de verano, cuando el volumen de conductores se incrementó debido al turismo, resultando en importantes atascos en ambos sentidos de la vía.

A lo que se suma esto, el proyecto original tenía un plazo de ejecución de 38 meses y contemplaba una inversión de 22.253.612 euros. Sin embargo, una vez dados comienzo a los trabajos, se dictó un aumento de obra de aproximadamente 2,5 millones, lo que elevó el coste final de la obra a 24,8 millones de euros. Esta situación pone en evidencia no solo las posibles irregularidades en la gestión de los contratos, sino también la complejidad de la administración pública y la interacción entre políticos y empresas en la adjudicación de proyectos clave para la infraestructura del país.