El absentismo laboral en Asturias duplica su coste en ocho años, superando los 615 millones

El absentismo laboral en Asturias ha alcanzado un coste superior a los 615 millones de euros anuales, casi el doble que hace ocho años. Este fenómeno afecta a un 4% de la población activa, concentrándose en aproximadamente 9.500 trabajadores que acumulan más de 21.000 procesos de incapacidad temporal. La duración media de las bajas ha aumentado cerca de un 8%, y los procesos superiores a un año se han multiplicado por más de seis en el último lustro.

El contexto político en la región ha puesto en evidencia la necesidad de coordinar esfuerzos entre administraciones públicas, mutuas y empresas para reducir este impacto. La creciente duración de las bajas y el incremento de las bajas por motivos mentales, que ya representan el 20% del total a nivel nacional, evidencian una problemática que requiere medidas estructurales. La crisis sanitaria y económica, agravada por la pandemia, ha contribuido a esta tendencia, poniendo en jaque la competitividad empresarial asturiana.

Desde la perspectiva económica, el absentismo genera pérdidas millonarias que afectan a la productividad y la sostenibilidad de las empresas. La experiencia de otras comunidades y las recomendaciones de expertos apuntan a la necesidad de reforzar la prevención, mejorar la atención sanitaria y promover la salud mental en el entorno laboral. La inversión en bienestar laboral se presenta como una estrategia clave para reducir estos costes en el futuro.

El análisis también señala que el problema se concentra en un grupo reducido de empleados, lo que sugiere la posibilidad de focalizar acciones preventivas y de soporte específico. La evolución de las bajas por enfermedades mentales, especialmente en menores de 35 años, plantea un desafío adicional para las políticas públicas y las empresas, que deben adaptarse para afrontar esta tendencia creciente.

En un contexto de recuperación económica y transformación social, el futuro del absentismo en Asturias dependerá de la capacidad de las instituciones, las mutuas y las empresas para implementar políticas eficaces y coordinadas. La experiencia reciente subraya que la inversión en salud laboral puede traducirse en una mejora significativa de la competitividad y en una reducción de costes a medio y largo plazo.