OVIEDO, 7 de julio. El gobierno español ha asignado un importante contrato, valorado en 12,9 millones de euros, para la conservación y gestión de las carreteras estatales en Asturias. Este acuerdo tendrá una duración inicial de tres años, con la posibilidad de extenderse por dos años más y un período adicional de hasta nueve meses.

El contrato establece criterios destinados a fomentar la eficiencia energética y a reducir las emisiones, en el marco de los esfuerzos del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para garantizar que la Red de Carreteras del Estado (RCE) mantenga altos estándares de circulación, seguridad y accesibilidad para todos los ciudadanos. Las medidas incluyen la vigilancia de accidentes, el mantenimiento invernal y la atención a los túneles y sistemas de comunicación.

Este convenio se centrará en el mantenimiento de un total de 191,482 kilómetros de carreteras ubicadas en el sector número 1, que abarca 111 kilómetros de autovías. Entre las principales vías contempladas se encuentran tramos de la Autovía A-8 desde Gijón hasta Soto del Barco, así como secciones de la A-64, A-66 y otras autovías y carreteras nacionales que tienen crucial importancia para la infraestructure de la región.

Además, se prevé la rehabilitación del firme de la autovía A-8 entre los kilómetros 380,600 y 383,600, que se sitúa en el municipio de Gijón. Este tipo de trabajos no solo contribuyen a mejorar la seguridad vial, sino que también buscan alargar la vida útil de las infraestructuras existentes.

En línea con la estrategia de sostenibilidad del gobierno, los pliegos de los contratos de conservación indicarán la necesidad de que las empresas participantes calculen su huella de carbono durante la ejecución de los trabajos. Esta medida es parte de un enfoque más amplio para mitigar el impacto ambiental del mantenimiento de carreteras.

Desde 2022, se han introducido medidas que permiten el autoconsumo y utilizan sistemas energéticos renovables en las instalaciones de servicio, así como la implementación de vehículos eléctricos. A partir de 2023, se exigirá a los adjudicatarios presentar un plan de descarbonización en los primeros seis meses del contrato, con la ambición de lograr una operación con balance neutro de carbono en un plazo de cinco años.

La empresa seleccionada se encargará de presentar este plan, que incluirá diversas opciones para compensar las emisiones de CO2, bien a través de proyectos de absorción de carbono que estén registrados o mediante otras alternativas. La meta es reducir 71.640 toneladas de CO2 al año, una cifra significativa que se deriva de las actividades de las carreteras del Estado, alineándose así con varios Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos por el Ministerio.

El modelo de contrato mixto, que combina servicios y obras, busca ofrecer una respuesta más integral y mejorar las condiciones de la red de carreteras. Este enfoque no solo optimiza los recursos públicos, sino que garantiza una mejor movilidad para todos los usuarios de la infraestructura.

A través de estos contratos, se ejecutarán trabajos para asegurar un estado óptimo de las carreteras, facilitando condiciones de seguridad y circulación adecuadas. Entre las tareas programadas se incluyen la evaluación del estado de las vías, atención a la explotación y estudios relacionados con la seguridad vial, así como el mantenimiento de los elementos viales para asegurar altos estándares de calidad.