El Gobierno del Principado de Asturias ha intensificado sus esfuerzos en colaboración con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, centrándose en la planificación energética futura. Esta iniciativa tiene como principal objetivo reclamar las inversiones esenciales que necesita Asturias para fortalecer las redes de transporte y las infraestructuras eléctricas, a fin de satisfacer el aumento de la demanda que traerán los nuevos proyectos de la multinacional ArcelorMittal.

Esta información fue proporcionada por la consejera de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico del Gobierno asturiano, Nieves Roqueñí, durante el pleno de la Junta General del Principado de Asturias (JGPA). Su intervención se producía en respuesta a una pregunta formulada por la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, quien inquirió sobre las acciones que se estaban tomando para evitar la deslocalización de la multinacional de suelo asturiano.

Roqueñí subrayó la crucial necesidad de contar con ayudas públicas “potentes” que aseguren la viabilidad de la siderurgia, con el propósito de establecer una política industrial que pueda competir en igualdad de condiciones con potencias como Estados Unidos y China. La consejera hizo hincapié en que la sostenibilidad del sector es vital no solo para la economía local, sino también para la estabilidad del empleo en la región.

Adicionalmente, el Gobierno asturiano ha estado presionando al Ejecutivo central para maximizar las compensaciones por costes indirectos de CO2 y establecer un marco predecible en los precios de la electricidad. Se ha destacado la importancia de facilitar ayudas para el desarrollo del hidrógeno, así como la creación de acuerdos de compra de energías renovables que involucren a ArcelorMittal y empresas del sector energético.

A pesar de las numerosas iniciativas, ArcelorMittal aún no ha esclarecido cuándo hará uso de los 450 millones de euros que le fueron concedidos en concepto de ayuda del proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica (Perte) de descarbonización en Asturias. A pesar de que el Consejo de Ministros aprobó en abril de 2023 el Real Decreto que permite esta concesión, la multinacional sigue sin especificar cuándo comenzará la construcción de la planta de reducción directa de mineral de hierro en Asturias, ni ha dado detalles sobre la inversión en un horno eléctrico en Avilés.

Covadonga Tomé, preocupada por el futuro de la industria regional, recordó que ArcelorMittal emplea a más de 5,000 personas en Asturias. Criticó a la empresa por lo que considera un “chantaje permanente” hacia los gobiernos tanto central como regional, exigiendo medidas firmes que eviten que estas operaciones se deslocalicen. Según Tomé, no hay un liderazgo claro que impulse una política industrial activa, advirtiendo que simplemente inyectar recursos económicos sin un seguimiento posterior no es suficiente para salvaguardar el sector.

Durante la misma sesión plenaria, Roqueñí también abordó otra inquietud planteada por el diputado del PP, Rafael Alonso, relacionada con la situación del Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos de Asturias (Cogersa). Alonso cuestionó a Roqueñí sobre si mantenía que Tragsa era la única responsable del incendio que se produjo en la planta de basura bruta en abril. La consejera aclaró que nunca había afirmado tal cosa, puntualizando que su afirmación se basaba en el informe pericial que Cogersa había solicitado a una consultora externa.

Roqueñí reconoció que aún queda un “largo recorrido” para resolver la reclamación que Cogersa presentó sobre los hechos y alcanzar una compensación económica concreta. Detalló que Cogersa tiene el derecho legítimo de requerir a las aseguradoras de las empresas involucradas en la instalación — específicamente Valtalia, en su función de dirección técnica, y Tragsa, como operadora — que asuman la totalidad o parte de los gastos extraordinarios que deberá afrontar el consorcio para reparar los daños ocasionados en la nave y la maquinaria durante el incendio.