La reciente decisión del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha puesto de manifiesto la postura del Ayuntamiento de Gijón hacia la Llingua, un asunto que ha causado controversia en la comunidad. La sentencia, firmada por cinco magistrados, anula el Plan de Normalización Lingüística que había sido aprobado por la administración local, y que había sido cuestionado por Vox a través de un recurso legal.

Según un comunicado emitido por Vox, la resolución judicial confirma que el Ayuntamiento intentó imponer, casi de manera coercitiva, la oficialidad de la Llingua, tanto en áreas públicas como en privadas, llevando a cabo esta acción sin el respaldo legal necesario y ignorando los principios básicos de legalidad. Estas afirmaciones se apoyan en la denuncia de un proceder que muchos consideran inadecuado y abusivo por parte del gobierno local.

La diputada de Vox en la Junta General del Principado de Asturias y concejala en Gijón, Sara Rouco, ha subrayado que el Consistorio intentó destinar cantidades millonarias de los recursos de los gijoneses sin proporcionar la debida justificación económica ni informes técnicos, lo cual habría permitido un gasto descontrolado que dependía únicamente del capricho del gobierno municipal.

Rouco ha calificado esta sentencia como una victoria para los residentes de Gijón, al señalar que representa un frenazo al “sectarismo lingüístico” que, según ella, ha caracterizado a la izquierda. La decisión, avalada por cinco magistrados del TSJ de Asturias, reafirma las preocupaciones planteadas por Vox sobre las acciones del Ayuntamiento, las cuales, según la edil, constituyen una grave infracción de la ley destinada a instaurar la oficialidad de la Llingua sin el consentimiento de la ciudadanía.

La concejala ha enfatizado que se intentó establecer “una obligación encubierta”, tanto en el sector público como en el privado, y sin el adecuado control sobre los recursos económicos involucrados. Este enfoque, considera, viola principios fundamentales de transparencia y rendición de cuentas.

En relación con esta nueva decisión judicial, que reitera una sentencia emitida en mayo, Rouco ha manifestado que Vox es el único partido que ha defendido con determinación los intereses de los gijoneses ante lo que ella describe como un despilfarro ideológico. La concejala concluyó señalando que esta sentencia debería servir como un contundente recordatorio para aquellos que buscan utilizar las instituciones como plataformas para ideologías particulares.