La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado recientemente que las comunidades autónomas (CCAA) podrían beneficiarse de una condonación de deuda que les permitiría ahorrar hasta 6.700 millones de euros en intereses. Esta iniciativa, aprobada por el Consejo de Ministros, contempla que el Estado asuma un total de 83.252 millones de euros, lo que representa una cuarta parte de la deuda total de las CCAA bajo el régimen común.

Montero ha insistido en que la medida no discrimina a ninguna parte del país y ha desmentido que esta condonación beneficie a Cataluña a expensas de otras regiones. Según sus declaraciones, la decisión está diseñada para ayudar a todas las comunidades, incluso a aquellas que no tienen deudas con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), como es el caso de Madrid.

En términos de impacto, la vicepresidenta ha afirmado que el ahorro que se derivará de esta condonación permitirá a los gobiernos regionales reinvertir en áreas críticas como sanidad, educación y servicios sociales. Con respecto al desglose de la deuda, ha revelado que aproximadamente el 75% de la cantidad total a absorber corresponde a comunidades gobernadas por el Partido Popular (PP).

El ahorro estimado se distribuye de manera variable entre las distintas CCAA, con una condonación promedio del 19% de su deuda total. Montero ha subrayado que el Estado asumirá un porcentaje considerable de la deuda autonómica, lo que plantea un escenario favorable para varias comunidades, particularmente las que tienen mayor dificultad financiera.

Además, destacó que comunidades como Andalucía y la Comunitat Valenciana serían las más beneficiadas en términos absolutos, desmintiendo cualquier alegato sobre un agravio hacia otras comunidades. Según sus palabras, es importante recordar que el beneficio de esta condonación se extiende en gran medida a territorios donde el PP tiene el control.

A pesar de la oposición del PP a esta medida, Montero se mostró optimista respecto a que finalmente las comunidades gobernadas por este partido accedan a la condonación. La ministra argumentó que la lógica de estas ayudas es obvia, ya que redundan en un beneficio para toda España.

El Gobierno espera que esta iniciativa mejore la autonomía financiera de las CCAA y les permita acceder nuevamente a los mercados de deuda. Según Montero, el FLA se ha convertido en una solución a largo plazo que, tras 15 años de uso, ha dificultado que las comunidades puedan financiarse adecuadamente en el mercado.

Sobre los tiempos de implementación, se espera que este anteproyecto pase a consulta pública y luego se presente al Congreso antes de finalizar el año, con la intención de que la normativa sea definitiva en el primer trimestre de 2026. Montero aseguró que habrá un período amplio para que las CCAA se acojan a la condonación una vez que la ley haya sido aprobada.

Del mismo modo, se clarificó que el mecanismo de condonación de deuda se estructurará en tres fases, con el fin de corregir desigualdades y tratar de contener posibles sentimientos de agravio entre comunidades. La metodología se ha diseñado para asegurar que la ayuda sea justa y equitativa.

Por último, Montero ha expresado su disposición a recibir sugerencias de otros grupos, siempre y cuando estas no comprometan la autonomía política y financiera de las comunidades autónomas. La ministra remarcó que el objetivo del Gobierno es facilitar el desarrollo regional y mejorar la situación económica de cada territorio.