OVIEDO, 3 de noviembre.

Este lunes, la Plataforma Ciudadana Peaje Huerna No! ha presentado ante la Fiscalía General del Estado, así como ante las Fiscalías Superiores de Asturias y León, una queja respecto al cobro del peaje en la autopista Huerna mientras se llevan a cabo obras de mejora en los túneles, programadas entre julio y diciembre de 2025, así como en relación con un desprendimiento ocurrido desde el 27 de noviembre de 2024.

En su denuncia, la Plataforma solicita a la Fiscalía que tome medidas basadas en una sentencia del Tribunal Supremo (caso 1441/2025) que se refiere a la autopista AP-9 en Galicia, a fin de que dicha sentencia se aplique de manera similar a la autopista AP-66.

Los representantes de la Plataforma argumentan que Aucalsa, la empresa responsable del peaje, pertenece al mismo grupo que Audasa, lo cual podría sugerir la existencia de prácticas análogas, a pesar de que el Tribunal Supremo no pudo confirmarlo en su fallo inicial.

La iniciativa, encabezada por el exdiputado de Podemos, Daniel Ripa, incluye documentación sobre los tramos afectados en los túneles, extraída del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, así como de la Dirección General de Tráfico.

Se estima que la duración del trayecto podría haberse extendido hasta en 30 minutos, y se destaca que los conductores no han contado con información suficiente sobre el impacto de las obras en la circulación y el tiempo adicional requerido para viajar por la Huerna.

Por tanto, la Plataforma requiere que la Fiscalía inicie procedimientos que obliguen a Aucalsa a cesar el cobro pleno del peaje a los usuarios de la AP-66. Además, también se solicita el reembolso de las tarifas pagadas por los conductores, dado que el servicio no pudo garantizarse con fluidez.

La Plataforma considera que se han violado los derechos de los consumidores, tanto de automovilistas como de transportistas que utilizan esta autopista. Por ello, exigen que se verifique la legalidad vigente y que Aucalsa reintegre total o parcialmente los importes de los peajes cobrados a aquellos usuarios que hayan experimentado demoras significativas.

Simultáneamente, la Unión del Pueblo Leonés ha presentado un reclamo similar a la Fiscalía de León, aumentando la presión sobre Aucalsa para que respete los derechos de los consumidores y exigiendo a la justicia que actúe en un caso similar al de la AP-9.

Daniel Ripa, portavoz de la Plataforma, comentó que “es necesario impulsar todas las acciones judiciales, sociales y políticas frente a un contrato que consideran ilegal, el cual sigue repercutiendo en los asturianos y leoneses sin que se tome acción”.

Asimismo, Ripa enfatizó que “si ya es evidente que la Comisión Europea ha declarado ilegal la prórroga del peaje, es aún más sorprendente que Aucalsa continúe cobrando tarifas plenas por un trayecto que, en realidad, presenta los mismos inconvenientes que un viaje en ciclomotor. Es inaceptable que, a pesar de la sentencia sobre la AP-9, Aucalsa persista en cobrar el peaje completo, obligándonos a recurrir a la justicia. Se trata de una táctica de mala fe que carga a la justicia con demandas que deberían haberse evitado. Haremos lo necesario para que Aucalsa se retire y reembolse todos los pagos que ha hecho de manera ilegal desde 2021, particularmente durante el último año de obras”, concluyó.