GIJÓN, 8 de enero. En la próxima sesión del Pleno del Ayuntamiento de Gijón, Javier Suárez Llana, portavoz de Izquierda Unida, presentará una propuesta destinada a fortalecer el plan de acción relativo a la eliminación del amianto que ya ha puesto en marcha el gobierno municipal.

Durante una reciente rueda de prensa celebrada en las instalaciones del Ayuntamiento, Suárez Llana enfatizó que actualmente no debería existir ninguna exposición al amianto, dado que este material puede provocar graves afecciones como la fibrosis pulmonar o el cáncer de pulmón.

El representante de IU demandó que se elabore un calendario específico para la retirada del amianto en varias localizaciones, incluidas tanto las de titularidad pública como privada, utilizando el censo que fue realizado el año pasado por la administración local.

Aseguró que a través del portal de urbanismo del Ayuntamiento se puede encontrar información sobre las áreas donde se sospecha que se encuentra amianto, aunque actualmente solo se indica la ubicación de estos materiales considerados peligrosos.

En línea con esto, propuso que se implemente una campaña de información pública efectiva acerca de los riesgos asociados al amianto, al que califica de "elemento de insalubridad pública invisible".

Además, destacó la necesidad de crear un programa de ayudas para facilitar la eliminación del amianto en viviendas y pequeñas empresas, considerando la posibilidad de establecer criterios basados en la situación económica de los propietarios y el riesgo de exposición al material.

Suárez Llana recordó que el Ayuntamiento tiene como meta completar la retirada del amianto de espacios públicos antes del año 2028, aunque advirtió que también existe en inmuebles privados, explotaciones agrícolas pequeñas y en diversas actividades industriales y comerciales, siendo la mayoría de estos inmuebles de propiedad privada.

El edil subrayó que no basta con exigir la eliminación del amianto cuando se solicitan licencias para obras o se conceden ayudas, sino que esta acción debería llevarse a cabo de manera mucho más generalizada.

Destacó que en Gijón, un 43% de la vivienda pública fue construida entre 1950 y 1979, coincidiendo con el auge en el uso del amianto, y el 75% corresponde a épocas anteriores al año 2000, cuando se prohibió su uso.

Por lo tanto, opinó que la presencia de amianto en las construcciones de la ciudad es bastante común, afectando a cerca de 150.000 viviendas.

Aunque admitió que la eliminación de este material conlleva un alto coste, debido a las estrictas medidas de seguridad necesarias y al hecho de que son pocas las empresas capacitadas para realizar estos trabajos, diversas administraciones han decidido implementar ayudas económicas para su retirada.

Suárez Llana también hizo mención de que en España, el 70% del amianto utilizado en viviendas ha superado su vida útil, lo que, según él, incrementa el peligro asociado a su presencia.