OVIEDO, 2 de noviembre. Un reciente estudio encargado por el Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias (Sepepa) revela el significativo impacto de las casi 600 empresas de economía social en la región. Estas entidades generan un volumen de negocio que asciende a más de 380 millones de euros anuales y proporcionan más de 5,000 puestos de trabajo, representando así un 4,5% del valor añadido bruto de la economía asturiana.

El informe, realizado por la Agrupación de Sociedades Asturianas de Trabajo Asociado y Economía Social (Asata), pone de manifiesto el importante potencial de este sector en un contexto que aboga por la transición ecológica y el desarrollo de la economía circular. Adicionalmente, se proponen reformas normativas para actualizar el marco legal que regula este tipo de actividad económica, según ha informado el Gobierno del Principado.

El estudio clasifica las entidades que operan en Asturias, identificando cooperativas, mutualidades, fundaciones, sociedades laborales, empresas de inserción, centros especiales de empleo, cofradías de pescadores y sociedades agrarias de transformación como los principales actores de la economía social en la región.

Asimismo, se analiza la distribución de la economía social por sectores de actividad. Los servicios sociales y los cuidados personales representan el 35% de las empresas, seguidos por el comercio, la hostelería y el turismo con un 25%. La industria y la construcción aportan un 15%, al igual que el sector agroalimentario y la economía circular, mientras que la educación, la cultura y el deporte engloban el 10% restante.

El informe resalta que el modelo de economía social prioriza a las personas y el bienestar del territorio, destacando su capacidad para generar empleo de calidad y fomentar la permanencia de la población en áreas rurales, así como para impulsar la innovación social. Es relevante mencionar que el 40% de estas sociedades están ubicadas en concejos rurales.

Además, se valora la diversidad y la inclusividad que caracteriza al sector, ya que un 35% de los trabajadores empleados en economía social pertenecen a colectivos con necesidades especiales de inclusión laboral.

El documento también señala que la tasa de supervivencia de las empresas del sector, que alcanza un 75%, supera considerablemente la media del 50% de las pequeñas y medianas empresas (pymes), a pesar de que muchas de estas organizaciones son de pequeño tamaño.

El informe también pone de relieve el compromiso de la economía social con nuevos modelos de gobernanza y la promoción de la igualdad de género, destacando que un 48% de los cargos directivos son ocupados por mujeres.

Finalmente, la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo está trabajando en las recomendaciones del estudio para la creación de una ley autonómica que regule la economía social y actualice la normativa sobre cooperativas. Entre estas recomendaciones se incluyen la promoción de la digitalización, el apoyo al relevo generacional y la creación de una marca regional que distinga a las empresas asturianas que operan en este ámbito.