La Junta General del Principado de Asturias ha respaldado este miércoles con el voto favorable de todos los grupos menos Vox, que se ha abstenido, una proposición no de ley (PNL) del Grupo Parlamentario Popular sobre el proceso de implantación del modelo Barnahus de atención integral de los menores víctimas de abuso sexual y de sus familias.
El diputado Manuel Cifuentes Corujo fue el encargado de defender la iniciativa del PP apelando a la necesidad de consenso en la protección de la infancia e instando al gobierno asturiano a iniciar pasos para la implantación de este modelo "demostrado eficaz".
Tanto PSOE como IU-Convocatoria por Asturias, Foro y Podemos han agradecido que el PP introdujera la iniciativa en la actividad del parlamento asturiano. Solo desde Vox se ha puesto en duda la propuesta.
De hecho, la diputada de Vox Sara Álvarez Rouco ha apuntado que "plantea dudas sobre si significaría o no una mejora especialmente destacada para la protección del menor" y sobre "los beneficios que supondría introducir en el sistema español abrir la puerta a los criterios de las élites de Bruselas o de determinadas ONG".
"Somos críticos con la propuesta de sustituir dependencias policiales y juzgados por esos entornos definidos como más amables, mencionados en el modelo, ya que podrían suponer una merma de la seguridad jurídica", ha apuntado. Asimismo, la parlamentaria de Vox entiende que "no hay evidencias sólidas para dar soporte a esta propuesta".
Por contra, la diputada de Podemos Covadonga Tomé ha agradecido la iniciativa del PP y ha resaltado que va en la misma dirección que la voluntad política del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 para avanzar en la protección integral de la infancia, con entornos más amigables y profesionales especialidos en victimología infantil. También el diputado de Foro, Adrián Pumares, ha agracedido la propuesta y ha confirmado su voto favorable.
Del mismo modo, desde IU consideran "oportuna" la iniciativa que cuesta con su respaldo para avanzar en medidas que contribuyan a evitar la revictimización de menores víctimas de abuso sexual, alertando al PP de que sus "socios" de Vox "son un auténtico peligro para los derechos fundamentales y para la protección de las víctimas, tanto de violencia sexual como de violencia de género".
Su diputado Xabel Vegas se ha referido, además, al reciente informe del Defensor del Pueblo sobre los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica y el papel de los poderes públicos.
"Es hora de que la Iglesia Católica responda ante esos crímenes que se cometieron en su seno y que en muchos casos fueron ocultados deliberadamente. No podemos pasar por alto la complicidad de muchos obispos españoles en estos hechos. El propio arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, ha sido acusado por algunas víctimas de ocultar hechos delictivos. Y sorprende el silencio cómplice y cobarde del prelado en los últimos días, que además contrasta con la incontinencia verbal que nos demuestra cada 8 de septiembre en la Basílica de Covadonga, con discursos de odio que son indignos de cualquier persona que tenga proyección pública", ha dicho el parlamentario de IU-Convocatoria por Asturias.
Desde el PSOE, la diputada Ana Isabel González Cachero, ha insistido también en agradecer la iniciativa del PP para seguir avanzando en la protección y atención de las víctimas con un modelo "con evidencias de buenos resultados". Igualmente, ha aprovechado para destacar que ya se está actuando en esa línea en Asturias con la sala Gesell y ha valorado las bases asentadas por la asturiana María Luisa Carcedo como ministra de Sanidad a través de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia.
Por otra parte, la sesión plenaria de esta mañana ha abordado una PNL de Convocatoria por Asturies IU-Más País-IAS sobre los servicios sanitarios en el centro penitenciario de Villabona.
Con esta iniciativa, que ha prosperado con el respaldo de PSOE, Podemos y Foro, con el rechazo de Vox y la abstención del PP, la Junta insta al Consejo de Gobierno a dirigirse al Gobierno central "a fin de que este tome las medidas necesarias para completar la plantilla del personal sanitario en Villabona que permita una atención que garantice el derecho a la salud tanto de los internos como de los trabajadores del centro".
Del mismo modo, se pide negociar con el Gobierno central "reforzar el marco de colaboración entre ambas Administraciones que permita ampliar los programas sanitarios del Centro Penitenciario de Villabona, y a estudiar una posible asunción de las competencias de la sanidad penitenciaria por los Servicios de Salud del Principado de Asturias, siempre que se garantice la financiación suficiente para su gestión".
Finalmente, el pleno de la Junta General ha aprobado esta semana la elección de sus representantes en el Consejo de Administración del organismo autónomo Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias (ERA) y en el Consejo para la Promoción de la Accesibilidad y la Supresión de Barreras.
Para el ERA han sido elegidas por la Cámara asturiana María Luisa Ponga Martos, candidata a propuesta del PSOE; y Monserrat Estefanía González Suárez, a propuesta del PP.
Como representantes en el Consejo para la Promoción de la Accesibilidad y la Supresión de Barreras han sido elegidos María Celia Fernández Fernández (Grupo Parlamentario Socialista); Eduardo Llano Martínez (Grupo Parlamentario Popular); Joaquín Rodríguez Fernández (Grupo Parlamentario Vox); Felipe Orviz Orviz (Grupo Parlamentario Convocatoria por Asturies-IU-Más País-IAS) y Javier Suárez Álvarez-Amandi (Grupo Parlamentario Mixto-Foro Asturias).