Moriyón considera acudir al Defensor del Pueblo en busca de soluciones al proyecto vial de Jove.
Gijón, 11 de febrero. La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, ha hecho pública su frustración hoy miércoles ante la carencia de respuestas por parte del Ministerio de Transportes en relación a la búsqueda de una alternativa para el problemático vial de Jove. Esta alternativa debería permitir el acceso al puerto de El Musel sin necesidad de transitar por la avenida de Príncipe de Asturias.
Moriyón ha subrayado que esta cuestión tiene implicaciones que afectan a la salud pública y ha declarado su intención de instruir a los servicios jurídicos del Ayuntamiento para que consideren todas las posibles acciones legales contra el Ministerio que faciliten el desarrollo de nuevos accesos para el puerto. No ha descartado, incluso, acudir al Defensor del Pueblo si es necesario.
Durante una sesión del Pleno Municipal, la alcaldesa se pronunció sobre el tema a raíz de un ruego presentado por Carlos Arias, representante de la Asociación de Vecinos 'Alfonso Camín' de La Calzada, en el marco de una iniciativa popular.
Contrario a esta situación con el Ministerio, la alcaldesa destacó que su relación con el Gobierno del Principado, y en especial con el consejero Alejandro Calvo, ha sido de cooperación continua. Afirmó que no existe un enfrentamiento y puso de relieve que aceptaron la propuesta de Calvo sobre el desdoblamiento de la GJ10, aunque insistió en que esta solución aún no está en marcha sin una razón clara.
En el mismo sentido, Moriyón reiteró que el Ministerio no ha proporcionado información sobre el mantenimiento del presupuesto destinado al vial de Jove, el cual no se llevó a cabo, ni sobre la mejora de la avenida de Príncipe de Asturias, ni aclaraciones sobre una posible solución alternativa que pase por Aboño.
“Esto es un problema de salud pública y el Ministerio debe brindarnos apoyo de alguna forma,” enfatizó la alcaldesa, refiriéndose al intenso tráfico de camiones en el sector Oeste. “Seguiremos en la lucha por estos accesos alternativos al puerto”, agregó con determinación.
Moriyón también expresó su sorpresa por no haber recibido ninguna respuesta satisfactoria, indicando que en ocasiones anteriores, aunque las soluciones ofrecidas no fueran adecuadas, al menos se había recibido comunicación. “Es inusual que no haya respuesta alguna”, lamentó.
Por su parte, Carlos Arias hizo un llamado a la autoridad para que proporcione una solución “clara y concreta” a un asunto que lleva más de 30 años afectando a su barrio, donde miles de camiones atraviesan diariamente, muchos transportando cargas peligrosas a través de áreas densamente pobladas.
Arias describió la situación como profundamente injusta y anacrónica, advirtiendo que afecta gravemente el bienestar y la salud de muchos gijoneses. “Lo más preocupante es que no se vislumbra ninguna solución a corto plazo,” manifestó con pesimismo.
En este contexto, criticó la “indiferencia y falta de acción” de las instituciones. “Nos sentimos decepcionados y desprotegidos, pero no desistiremos en nuestra lucha”, aseguró.
El representante vecinal subrayó que es tiempo de exigir soluciones en lugar de eludir responsabilidades, reconociendo que es el Ministerio el principal responsable. No obstante, instó a las autoridades regionales a ejercer presión en Madrid para abogar por los intereses de los gijoneses, sugiriendo que las autoridades locales deberían hacer “mucho más que simplemente enviar cartas,” en referencia a la reciente comunicación de Moriyón al Ministerio.
Arias opinó que aunque la carta es un buen primer paso, resulta insuficiente, recordando a la administración municipal que posee herramientas más efectivas para aplicar presión si realmente hay voluntad de cambio.
También planteó la necesidad de implementar el Plan de Calidad del Aire y su protocolo, que tiene la capacidad de limitar el paso de camiones cuando se superan ciertos niveles de contaminación. “Demandamos una aplicación rigurosa de ese plan y el cese del tráfico de camiones de mercancías peligrosas en el centro de la ciudad,” conminó Arias, además de instar a explorar todas las acciones legales disponibles para el Ayuntamiento.
Aclaró que no están en contra del transporte de mercancías ni de los trabajadores del sector, sino que exigen alternativas de acceso al puerto más seguras.
Asimismo, cuestionó la desaparición repentina de los 300 millones de euros que estaban asignados al vial de Jove, contrastando con la falta de respuesta a las recientes movilizaciones ciudadanas por parte de las instituciones. “Cuando los ciudadanos se sienten ignorados, pierden la confianza en sus gobiernos,” alertó.
Finalmente, sugirió la necesidad de establecer un plan con cronograma, presupuesto y seguimiento que ofrezca esperanza tanto para La Calzada como para toda la ciudad. Reiteró su petición a las instituciones implicadas —Ayuntamiento, Puertos del Estado, Principado y Ministerio de Transportes— para que se reúnan y busquen soluciones conjuntas.
Además, anunció que el próximo 25 de febrero se llevará a cabo una marcha desde Cuatro Caminos hasta la plaza Mayor, con la esperanza de ser recibidos por el Ayuntamiento. “Volveremos a Cuatro Caminos, dispuestos a seguir luchando por nuestro barrio. Aquellos que deseen unir esfuerzos serán bienvenidos,” concluyó.