OVIEDO, 30 de diciembre.
El Partido Animalista (Pacma) ha decidido llevar ante el Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias (TSJA) una demanda contenciosa-administrativa en contra de la Resolución emitida por la Consejería de Medio Rural y Política Agraria que valida el Programa Anual de Actuaciones de Control del Lobo para el periodo 2025-2026.
Según Pacma, esta iniciativa representa una clara infracción de las normativas europeas y españolas que protegen a la fauna, dado que permite la captura y muerte de lobos en un momento en que la especie se encuentra en una situación desfavorable, algo que se corrobora en los informes oficiales que el Gobierno español ha presentado ante la Comisión Europea, así como en el reciente censo nacional sobre la población de lobos.
El partido argumenta que el programa asturiano ignora la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que prohíbe tomar medidas letales contra una especie protegida mientras su estado de conservación siga siendo desfavorable; esto incluye incluso aquellas áreas donde la legislación permite ciertas acciones de gestión. En este contexto, Pacma critica que la gestión del lobo se enfoque principalmente en la caza, desestimando el principio de precaución ambiental y las obligaciones establecidas por la Directiva Hábitats.
En su demanda, Pacma también cuestiona la validez científica de los informes técnicos que respaldan el programa, argumentando que estos exageran la población de lobos y omiten datos clave sobre su situación real, incumpliendo así los métodos requeridos por la normativa europea.
El partido animalista, además, critica la falta de una estrategia que propicie la coexistencia con la ganadería, afirmando que el programa no contempla ni promueve medidas preventivas, como la protección del ganado mediante el uso de mastines, cercas o una política de compensaciones destinadas a la prevención de ataques.
La demanda también señala una "falta de transparencia y participación pública", ya que no se ha asegurado un proceso de audiencia real ni se ha proporcionado acceso completo a la información ambiental, lo que contraviene, según su opinión, el Convenio de Aarhus y la legislación española sobre participación ciudadana.
Finalmente, el partido expresa su deseo de que la demanda tenga éxito "en defensa de lo que es de todos y no de los cazadores: la naturaleza, nuestros bosques y parques nacionales".
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