Los agricultores y ganaderos españoles están exigiendo una revisión crítica de las políticas que afectan al sector agrario, considerándolo vital para la defensa de su actividad. En un contexto donde los acuerdos comerciales como el de Mercosur se perciben como una seria amenaza para el campo, se organizan para hacer escuchar su voz.

Este próximo lunes, las organizaciones Asaja y COAG han convocado a una manifestación en Madrid, que tendrá lugar a las 11.00 horas frente al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. El objetivo de esta protesta es expresar su descontento ante lo que califican como una “falta de respuestas eficaces” a los múltiples problemas que enfrenta el sector agrario, entre los que destaca el mencionado acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur.

En su comunicado, las organizaciones agrarias hacen un llamado a los productores para que se unan a la causa en este final de año con el fin de reivindicar "un campo fuerte y justo", además de manifestarse en contra de los acuerdos internacionales que, según ellos, están “destrozando” su actividad y su economía.

A pesar de la serie de movilizaciones que han tenido lugar a lo largo de 2023, que culminaron en una numerosa tractorada en el corazón de Madrid, el Ministerio de Agricultura ha implementado un paquete de 43 medidas, las cuales no han sido reconocidas ni aceptadas por Asaja ni por COAG, que las consideran “claramente insuficientes”. Para estas organizaciones, las demandas que llevaron a la protesta siguen vigentes y requieren de atención urgente.

Los altos costos de producción y los precios de venta en origen que aún son demasiado bajos son factores que continúan afectando la viabilidad económica de muchas explotaciones agrarias en España, llevando a algunas al borde de la clausura. Desde el sector se hace eco de que estas dificultades continúan sin resolverse, atrapando a los agricultores en una situación insostenible.

Además, los agricultores denuncian la falta de acciones cruciales como reformas en la Ley de la Cadena Agroalimentaria, así como en el sistema de seguros agrarios, que aún no se han llevado a cabo. La adaptación de la reforma laboral y los costos salariales a las realidades del campo, lejos de ser una prioridad, se ha convertido en un obstáculo creciente para la viabilidad de las explotaciones.

Las organizaciones agrarias subrayan también la carencia de inversiones adecuadas e infraestructuras, así como la falta de una política hidráulica clara y efectiva. Las ineficiencias en la gestión de recursos hídricos han llevado a que algunas regiones convivan con una crónica escasez de agua, mientras otras sufren las consecuencias de desastres naturales, como ha sido el caso reciente de la DANA en el sureste de la península.

En este sentido, Asaja y COAG no dudan en señalar que la "verdadera amenaza" para la agricultura española reside en el creciente número de acuerdos de libre comercio que la Unión Europea firma con países fuera de sus fronteras. Argumentan que las importaciones de productos agrícolas de regiones como Mercosur, Chile, Marruecos y Nueva Zelanda, que llegan a precios por debajo de los costes de producción y omiten las normativas que los productores comunitarios deben cumplir, repercuten negativamente en el sector.

“Reclamamos un cambio de rumbo en las políticas dirigidas al sector agrario, donde se tomen decisiones más proactivas en apoyo a un sector que está tocando fondo. Los ingresos son insuficientes, la pérdida de activos es alarmante y la falta de un suficiente relevo generacional pone en riesgo la continuidad de nuestras actividades en el agro y en los núcleos rurales”, recalcan desde estas organizaciones, urgentes en su llamado a la acción.