Qué hay detrás de las preguntas de IU sobre San Lázaro y Otero en la Junta General
IU pregunta en la Junta General por el plan para San Lázaro y Otero en Oviedo: atención social, coordinación institucional y respuesta a los vecinos.
IU-Convocatoria por Oviedo ha registrado en la Junta General del Principado varias preguntas dirigidas a la consejera de Derechos Sociales y Bienestar sobre la situación de los barrios ovetenses de San Lázaro y Otero. La formación exige conocer qué medidas prevé el Gobierno autonómico para atender las necesidades de ambas zonas.
La iniciativa retoma una petición que el partido planteó en junio. Entonces propuso un plan de choque con refuerzos en la atención social y sociosanitaria, coordinación entre administraciones, mejoras urbanísticas y comunitarias, y una respuesta específica a las necesidades del centro Cano Mata. Las nuevas preguntas buscan saber si ese plan avanza o si sigue sin concretarse.
Las cuestiones registradas son directas. IU quiere saber si la consejera considera prioritaria la situación de ambos barrios y cuál es la estrategia del departamento a medio y largo plazo. También pide una valoración de las movilizaciones vecinales y pregunta si la titular asumirá directamente la interlocución con los residentes.
El concejal de la formación, Alejandro Suárez, sostiene que los vecinos merecen la misma atención institucional que cualquier otra zona de la ciudad. Reclama además una respuesta coordinada entre el Ayuntamiento de Oviedo y el Principado, dos administraciones cuya colaboración es decisiva en materias sociales y urbanísticas.
El fondo político del movimiento apunta a una tensión conocida: la responsabilidad compartida entre niveles de gobierno en barrios con problemas sociales acumulados. Sin una coordinación clara, las competencias se diluyen y los vecinos sufren las consecuencias. La petición de IU se centra en exigir un plan con medidas concretas, recursos asignados, plazos definidos y compromisos verificables.
La respuesta de la consejera será el próximo paso relevante. Si el Gobierno regional detalla un calendario y una dotación presupuestaria, el debate se desplazará hacia la ejecución. Si no lo hace, el asunto seguirá en la agenda parlamentaria y vecinal, con la coordinación institucional como principal punto de presión.