En un giro reciente que ha captado la atención del sector de defensa español, Santa Bárbara Sistemas, parte de General Dynamics European Land Systems (GDELS), ha decidido llevar su disputa al Tribunal Supremo. La causa de esta acción es la adjudicación de dos significativos contratos de artillería, que han sido otorgados a la unión temporal de empresas (UTE) formada por Indra y Escribano, con un total de 7.240 millones de euros en juego.

La compañía ha formalizado su intención a través de un recurso contencioso-administrativo que ya ha sido aceptado por el Tribunal Supremo. En dicho recurso, Santa Bárbara solicita de manera urgente la suspensión de 3.000 millones de euros destinados a préstamos estatales a un interés del 0%, que han sido destinados a la UTE ganadora para la prefinanciación de estos cruciales programas de modernización militar.

Santa Bárbara ha expresado su preocupación en el recurso, alegando que no se le ha permitido participar en el proceso negociado sin publicidad que llevó a la asignación de los contratos para obuses de ruedas y de cadenas. Ante esta situación, la empresa ha decidido recurrir y pedir la suspensión de los contratos adjudicados.

En su presentación legal, Santa Bárbara refuerza su postura señalando que "no ha sido invitada al procedimiento de adjudicación del Ministerio de Defensa”, lo que ha motivado su decisión de impugnar tal proceso de selección y buscar una suspensión de las adjudicaciones en cuestión.

El Ministerio de Defensa, el pasado 22 de diciembre, otorgó los contratos referidos, con una cifra cercana a 2.686 millones de euros para el obús de ruedas y casi 4.554 millones para el obús de cadenas. Sin embargo, a pesar de que se han hecho las adjudicaciones, Santa Bárbara aún no ha presentado formalmente su recurso para intentar detener estos contratos.

Es fundamental notar que el recurso de Santa Bárbara fue presentado antes de que se concretara la adjudicación de los contratos, lo que refuerza su posición sobre la necesidad de actuar antes de que se complete el proceso de financiación.

La empresa argumenta que, si no se suspenden los préstamos, enfrentará un "perjuicio irreparable", destacando su posición como el único fabricante español de sistemas de artillería y líder en el sector de defensa terrestre en España.

Santa Bárbara también subraya que tanto Indra como Escribano carecen de la experiencia o los recursos necesarios para competir en igualdad de condiciones, ofreciendo una crítica profunda sobre la capacidad de sus opositores en este proceso licitatorio.

Para acelerar la decisión sobre sus medidas cautelares, Santa Bárbara intentó que el periodo de tiempo entre el 24 de diciembre de 2025 y el 6 de enero de 2026 fuera considerado laborable, solicitud que fue desestimada por el tribunal.

Finalmente, la compañía manifiesta que la ejecución de estos préstamos sin condiciones limitadas "restringirá sus posibilidades de competencia" en el mercado de defensa nacional durante los próximos diez años, afectando notoriamente su futuro tanto en el ámbito local como internacional en las áreas donde tienen probadas capacidades.