OVIEDO, 31 de octubre. El Síndico Mayor de Asturias, Roberto Fernández Llera, ha levantado la voz en la Junta General al identificar un patrón preocupante en la utilización de las subvenciones nominativas del sector público autonómico. Según sus observaciones, este recurso está siendo empleado, de manera creciente, para sufragar gastos ordinarios de los beneficiarios en vez de servir para iniciativas económicas concretas que fomenten el desarrollo o la promoción.

Durante su intervención en el Parlamento, Fernández Llera presentó el Informe final sobre la fiscalización del cumplimiento de dichas subvenciones para el año 2023. Este informe complementa otros reportes sobre la Cuenta General y proyectos financiados con fondos de compensación interterritorial, brindando así un panorama más claro sobre las prácticas de fiscalización en el sector público asturiano.

El Síndico señaló que más del 30% de las subvenciones analizadas están siendo utilizadas para cubrir actividades rutinarias de los beneficiarios, así como para financiar proyectos que, por naturaleza, debieran contar con otros mecanismos de financiación. Además, un alarmante 82% de estas ayudas se han concedido de manera recurrente, durante múltiples ejercicios fiscales.

El informe reveló también fallos significativos en el control y la justificación de los gastos. De hecho, el 86% de los expedientes carecen de evidencia que demuestre que el órgano gestor ha evaluado adecuadamente la idoneidad de los proyectos financiados. Por otro lado, el 40% de los casos no tiene informes de verificación que respalden las actuaciones subvencionadas. Asimismo, se identificaron gastos no subvencionables en entidades como la Federación Asturiana de Piragüismo y la Fundación Oso Asturias. Fernández Llera también advirtió que desde 2020, la Intervención General no había ejercido un seguimiento específico sobre estas subvenciones.

El Síndico Mayor abordó, adicionalmente, los problemas provenientes de la carga manual de datos, los cuales comprometen la integridad incluso de la base de datos nacional de subvenciones.

Para remediar estas deficiencias, la Sindicatura propuso cuatro recomendaciones clave. La primera sugiere que, de manera gradual, se reemplacen las subvenciones recurrentes por modelos de gestión que se ajusten mejor a la finalidad específica de cada ayuda, de modo que no se conviertan en un medio de financiación habitual. La segunda recomendación enfatiza la importancia de que los presupuestos generales identifiquen de forma clara las partidas designadas como subvenciones nominativas, especificando beneficiarios y cantidades, con el fin de garantizar mayor transparencia y facilitar el monitoreo.

La tercera recomendación aboga por la verificación de los requisitos legales de los beneficiarios a través de una declaración responsable antes de la aprobación de los presupuestos, lo que permitiría un control preventivo sin añadir cargas administrativas adicionales, acompañado de comprobaciones posteriores por parte de la Administración. Finalmente, la cuarta sugiere que las Secretarías Generales Técnicas de las diferentes consejerías y entidades elabores instrucciones internas uniformes para asegurar una gestión y verificación coherentes de las actividades subvencionadas, promoviendo así una mayor coordinación y consistencia en el control.

El Síndico concluyó su exposición subrayando la urgencia de ajustar los mecanismos de uso de las subvenciones nominativas para que estas efectivamente cumplan con su propósito original. Es fundamental evitar su utilización como simples instrumentos de financiación ordinaria, al tiempo que se garantiza la transparencia, el control y la legalidad en su gestión.

Este informe, en su versión provisional, se revisó por el Consejo de la Sindicatura el 27 de noviembre de 2024 y fue sometido a un proceso de alegaciones que se llevó a cabo de inmediato. Después de un análisis detallado, el informe final se aprobó el 29 de enero de 2025 y desde esa fecha está disponible tanto para la Cámara como para el público en general. Las alegaciones recibidas también han sido publicadas en la página web de la Sindicatura, asegurando así un acceso transparente a la información.