En un fallo judicial contundente, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Oviedo ha ratificado la sentencia condenatoria dictada previamente por el Juzgado Penal 3 de la misma ciudad, donde se dictaminó la culpabilidad de cinco personas y el sindicato UGT por fraude en la obtención de subvenciones en el año 2012. A pesar de los recursos legales presentados por los condenados, la Audiencia rechazó todas las apelaciones, a excepción de una que fue parcialmente estimada. Cabe destacar que la sentencia aún no es definitiva y puede ser impugnada ante el Tribunal Supremo.

La sentencia condenatoria impuesta al sindicato UGT Asturias por el Juzgado de lo Penal número 3 de Oviedo incluye una multa de 122.000 euros y la prohibición de acceder a subvenciones públicas y beneficios fiscales durante un periodo de cuatro años, abarcando ayudas otorgadas entre 2010 y 2014. Según el fallo judicial, tanto UGT Asturias como la Fundación IFES desviaron fondos públicos a través de acciones fraudulentas en la gestión de programas de formación laboral financiados con subvenciones anuales.

El juez a cargo del caso señaló que el exsecretario general de UGT Asturias, junto con otros miembros clave de la organización, llevaron a cabo un esquema de desvío de fondos destinados a programas formativos, obteniendo beneficios económicos que en su mayoría beneficiaban a la entidad sindical y sus entidades afiliadas. Este desvío de fondos tuvo la complicidad de empleados y colaboradores de las entidades implicadas, lo que facilitó la operación fraudulenta.

Además, se reveló que se incrementaba artificialmente el precio de locales y equipos para justificar gastos adicionales que eran cargados al presupuesto de las subvenciones recibidas, beneficiando ilegalmente a UGT Asturias. También se detectaron facturas falsas de alquileres de equipos didácticos y se incluyeron gastos laborales del sindicato en informes de justificación de costos, aunque estos no estuvieran relacionados directamente con las actividades subvencionadas. Todo esto permitió a los involucrados ejecutar un plan sistemático de desvío de fondos destinados a formación laboral y obtener beneficios ilícitos.

Entre los condenados se encuentra el exsecretario de UGT Asturias, Justo Rodríguez Braga, quien enfrenta una pena de dos años y diez meses de prisión por su participación en el fraude de subvenciones, tanto como autor material como coautor en una ocasión. Este veredicto reafirma la urgencia de combatir la corrupción y garantizar la transparencia en la gestión de fondos públicos destinados a programas sociales y laborales.