OVIEDO, 30 de octubre. En un giro preocupante para la industria española, los acreedores de Duro Felguera, tras el anuncio de su Plan de Reestructuración en el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Gijón, están denunciando las intenciones ocultas de los nuevos inversores, que incluyen a los grupos mexicanos Prodi y la familia De Miguel, así como a los portugueses de Mota Engil y la familia Mota. Estas partes temen que su verdadero objetivo sea la deslocalización hacia México de la tecnología de ingeniería de esta emblemática empresa, que ha sido un pilar en España durante más de un siglo.

El presidente de Duro Felguera, Eduardo Espinosa, había declarado recientemente que el respaldo al Plan de Reestructuración era un "rotundo éxito", pero informes provenientes de la mayoría de los acreedores sugieren que el plan adolece de graves irregularidades. Estas fuentes se muestran alarmadas por la falta de respuesta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), así como del gobierno regional de Asturias y de los administradores de la empresa, lo que pone en entredicho la transparencia del proceso.

Los acreedores sostienen que, desde que los nuevos inversores tomaron el control, Duro Felguera ha disminuido drásticamente sus operaciones en España. Argumentan que el Plan presentado por la compañía ofrece una imagen distorsionada de una situación crítica que no se corresponde con la realidad, dado que la empresa poseía un considerable potencial de crecimiento y había realizado importantes mejoras recientes, pese a los retos enfrentados en la última década.

Las acusaciones de intencionalidad se centran en la estrategia de los inversores mexicanos, quienes, afirman los acreedores, han dejado de invertir en proyectos nuevos, han desmantelado aquellos que estaban en marcha en lugares como Argelia y Rumanía, y no han proporcionado garantías para nuevos trabajos. Esto sugiere, según estos acreedores, una planificada apropiación del conocimiento empresarial con miras a una reestructuración que beneficiaría exclusivamente a los inversores extranjeros.

Estos incumplimientos no solo contradicen los compromisos adquiridos por el grupo mexicano en relación con la OPA, sino que también representan un riesgo para el interés general y la estabilidad de la economía española, advierten. Los acreedores ven este proceso como un "engaño", que deja a Duro Felguera en una posición debilitada en su propio país, atrapada en un plan a largo plazo que solo favorecería al grupo mexicano.

Los afectados han expresado su preocupación por el control casi absoluto que los nuevos inversores ejercen, facilitado por la exención de OPA y la autorización de la inversión extranjera por parte del Gobierno español, mientras que los organismos como la SEPI y la CNMV han actuado como observadores pasivos en esta situación.

Según fuentes cercanas, el Plan de Reestructuración parece haber sido elaborado en colaboración con una ínfima parte de los acreedores, ignorando a la gran mayoría que verá la cancelación total de sus créditos. Esto levanta serias dudas sobre el futuro de Duro Felguera y su impacto en el entorno público-privado de la región.

Ante estos acontecimientos alarmantes, los acreedores se cuestionan si las instituciones españolas, incluyendo la SEPI, la CNMV, el Principado de Asturias y el Gobierno central, se mantendrán inactivas ante lo que consideran un "abuso" que pone en peligro el tejido industrial y estratégico del país.