OVIEDO, 17 de noviembre. El sindicato ANPE Asturias ha instado al Gobierno del Principado a retomar las contribuciones empresariales a los planes de pensiones de los funcionarios públicos, una medida que permanece en pausa desde 2012. La organización argumenta que esta suspensión va en contra del espíritu de la reciente legislación en materia de previsión social.

En una reunión reciente de la Comisión de Control del Plan de Pensiones del Principado, ANPE formalizó su solicitud. Según los representantes sindicales, la norma vigente, basada en la Ley 22/2021 de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, busca fomentar la inclusión de aportaciones por parte de las empresas, que en este caso se refiere a la propia Administración.

La legislación mencionada ha reducido el límite de las aportaciones individuales deducibles a 1.500 euros anuales, una bajada significativa en comparación con los 8.000 euros permitidos en 2020. No obstante, esta reforma tiene el objetivo de aumentar el límite conjunto de las aportaciones a 10.000 euros anuales siempre que la Administración contribuya.

César González, responsable de Finanzas de ANPE Asturias, señala que el Gobierno regional no ha realizado contribuciones al fondo de pensiones de los empleados públicos desde 2012. A pesar de constantes solicitudes de los sindicatos, la Administración ha mantenido su postura. Esta falta de acción no solo disminuye el incentivo fiscal para los trabajadores, sino que también desatiende el propósito de la nueva normativa.

ANPE también destaca una "paradoja" en la propia Administración: mientras que la Junta General del Principado de Asturias sí aporta a los planes de pensiones de sus funcionarios, el resto de los empleados públicos se queda sin este beneficio.

El sindicato enfatiza que el Plan de Pensiones ha demostrado ser un mecanismo eficaz de ahorro, con una rentabilidad del 6,45% desde el comienzo de este año, gracias a la notable performance de la Renta Variable, en la que la cartera tiene una exposición del 30%.

Frente a esta situación, ANPE exige que se restablezcan las aportaciones de la Administración para asegurar que todos los empleados públicos del Principado puedan disfrutar de los beneficios fiscales que ofrece el nuevo marco legal, así como de la rentabilidad que ya se ha evidenciado.

Así las cosas, el sindicato denuncia una "flagrante discriminación" por parte del Principado, que categoriza a los empleados públicos de manera desigual, creando una distinción entre aquellos que laboran en el conjunto de la Administración, que no reciben aportes, y los funcionarios de la Junta General, que sí están incluidos en este sistema de contribuciones.