Crónica Asturias.

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Barbón sostiene que la vivienda es un derecho fundamental y asegura que su gobierno combate la especulación en Asturias.

Barbón sostiene que la vivienda es un derecho fundamental y asegura que su gobierno combate la especulación en Asturias.

OVIEDO, 5 de noviembre.

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, se pronunció este miércoles en la Junta General en defensa de su enfoque hacia la vivienda pública, en respuesta a las críticas lanzadas por el grupo parlamentario Vox. Este grupo había alegado que el Gobierno regional estaba llevando a cabo una intervención ideológica en el mercado inmobiliario, lo que, a su juicio, estaba generando un encarecimiento del acceso a la vivienda. Barbón rebutó estas afirmaciones, insistiendo en que “la vivienda no debe ser considerada un negocio; es un derecho fundamental”.

En su contestación a la portavoz de Vox, Carolina López, quien cuestionó las estrategias del Ejecutivo para facilitar el acceso a la vivienda, Barbón enfatizó que su administración es un “Gobierno de unidad progresista reformista” que busca enmendar las ineficiencias del mercado residencial.

Durante este intercambio, Barbón hizo hincapié en que la problemática relacionada con la vivienda no es exclusiva de Asturias o de España, sino que se trata de un fenómeno global. Además, señaló que comunidades autónomas bajo gobiernos de centroderecha, como Madrid y Baleares, también enfrentan serios desafíos en este ámbito, lo que contradice la narrativa de Vox que culpa exclusivamente a administraciones socialistas del estado actual.

Respecto al programa 'Alquilámoste', que tiene como propósito facilitar el acceso a viviendas de alquiler, el presidente defendió su carácter voluntario y aseguró que no involucra expropiaciones. Barbón también destacó que las medidas adoptadas buscan ofrecer protección tanto a inquilinos como a propietarios y se han implementado con el consenso de los municipios correspondientes.

Barbón presentó cifras que evidencian los esfuerzos realizados en la legislatura en curso, mencionando la agilización de ayudas al alquiler y la creación de cerca de 1.000 viviendas públicas. Además, hizo referencia a políticas fiscales, como deducciones que ascienden a 90 millones de euros, dirigidas a jóvenes y familias, reafirmando así su compromiso con la creencia de que la vivienda es un derecho y no una transacción comercial.

El presidente también condenó la especulación inmobiliaria y la actuación de grandes inversores que adquieren propiedades para inflar los precios, subrayando la importancia de mantener la seguridad jurídica en los programas de alquiler. Aseguró que todas las acciones del gobierno se llevan a cabo en pleno cumplimiento de la ley y respetando a los propietarios.

Por su parte, Carolina López, portavoz de Vox en Asturias, opinó que el acceso a una vivienda digna se ha vuelto un "auténtico lujo" en la comunidad, y acusó al Gobierno de vaciar los pueblos y perjudicar los intereses de los propietarios.

López subrayó que en los últimos dos años, el precio de la vivienda en Asturias ha aumentado un 21%, superando significativamente los incrementos salariales. Atribuyó esta situación al Ejecutivo regional y a lo que ella considera “décadas de políticas socialistas y comunistas”. Referenció también la reconversión minera, que, según Vox, ha dejado proyectos inconclusos y edificios en desuso.

La portavoz de Vox afirmó que el Gobierno asturiano destina “mil millones de euros a ideologías” a través de diversas políticas sociales, argumentando que estos fondos provienen del esfuerzo de los contribuyentes y criticando la ley de vivienda estatal por, en su opinión, “proteger a los ocupas y penalizar a los propietarios”.

En su intervención, López cuestionó iniciativas como 'Alquilámoste', que, según ella, generan desprotección para los propietarios y establecen precios de alquiler de forma obligatoria. Abogó por la liberalización del suelo, la reducción de los plazos de desarrollo y la disminución de impuestos para facilitar el acceso a la vivienda.

Finalmente, López defendió la propiedad privada y la libertad individual como bases para la prosperidad, instando al Gobierno regional a dejar de lado el gasto en “chiringuitos ideológicos” y enfocarse en proporcionar “soluciones reales para jóvenes y propietarios en materia de vivienda”.