OVIEDO, 11 de noviembre.
Guillermo Peláez, consejero de Hacienda y Fondos Europeos del Gobierno de Asturias, ha anunciado esta semana la inminente aprobación de un nuevo plan que contempla la incorporación de 25 nuevos profesionales en el ámbito de la Administración de Justicia. Esta iniciativa, con un impacto económico superior a un millón de euros, promete fortalecer un sector clave en la comunidad autónoma.
Las declaraciones de Peláez se produjeron tras su participación en una reunión de la comisión mixta que reunió al Gobierno del Principado y al Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), un encuentro donde también estuvo presente el presidente del TSJA, Jesús María Chamorro.
Uno de los temas centrales discutidos fue la futura Ley Orgánica de Eficiencia de la Administración de Justicia, que se implementará a partir del 1 de enero del próximo año, un cambio crucial que requiere un enfoque renovado en los procedimientos judiciales.
“Esperamos poder comenzar el año con las nuevas plantillas completamente operativas”, afirmó Peláez, en referencia a las 25 plazas que están por añadirse al sistema. Esta medida es vista como un paso significativo hacia la modernización del servicio judicial.
El consejero destacó que la reforma legal representa un “cambio de paradigma” en la administración de justicia, con el objetivo de ofrecer un auténtico servicio al ciudadano. Subrayó el compromiso de los jueces y magistrados asturianos, especialmente de Chamorro, para asegurar el éxito de la implementación de la nueva normativa.
Peláez también mencionó que durante la reunión, los jueces expresaron sus inquietudes sobre la aplicación de la nueva ley y manifestaron su deseo de colaborar con la administración para facilitar su integración. Este diálogo constructivo es considerado fundamental para una transición efectiva.
En línea con estas mejoras, el Gobierno de Asturias está afinando los detalles para aprobar la nueva relación de puestos de trabajo en las oficinas judiciales, que incluirá un relevante número de plazas adicionales de refuerzo. Asimismo, se discutieron herramientas tecnológicas, haciendo especial hincapié en el nuevo sistema informático denominado 'Atenea'.
Peláez valoró la actitud proactiva del TSJA para garantizar que la reforma se lleve a cabo en condiciones óptimas y resaltó que los altos índices de resolución de conflictos en Asturias se deben al esfuerzo conjunto de los jueces, magistrados y la propia administración del Principado.
Por su parte, Jesús María Chamorro, presidente del TSJA, abogó por la necesidad de modernizar las sedes judiciales y contar con un personal altamente cualificado que esté preparado para enfrentar los desafíos contemporáneos de la justicia en el siglo XXI.
Chamorro enfatizó que la base de la organización judicial radica en su función jurisdiccional, un mandato que la Constitución atribuye exclusivamente al Poder Judicial. Aseguró que la oficina judicial debe ser un recurso que complemente este sistema y no al revés.
Finalmente, mencionó que a partir del 1 de julio, se ha puesto en marcha la oficina judicial en 13 partidos de Asturias, aunque admitió cierta preocupación por los plazos de preparación en localidades como Oviedo, Gijón, Langreo y Mieres, donde el tiempo apremia. En cuanto a posibles soluciones transitorias relacionadas con la unificación de sedes en Oviedo, Chamorro admitió su falta de información sobre dicha alternativa.
El presidente del TSJA también hizo hincapié en la incertidumbre respecto a los plazos de la unificación en Llamaquique, sugiriendo que, si el progreso es lento, será necesario considerar otras opciones viables. Esto refleja la complejidad del proceso en curso y la necesidad de soluciones efectivas para los desafíos actuales del sistema judicial asturiano.
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