Recientes declaraciones de organizaciones ambientales como WWF y Ecologistas en Acción han puesto de relieve su preocupación por la situación del lobo en España. Según su análisis, la población de esta especie se encuentra estancada, con un censo reciente que indica la existencia de unas 333 manadas y un total estimado de 1.600 a 1.700 lobos en todo el país. Ambas ONG abogan por la reinclusión del lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE).

Durante sus intervenciones, los representantes de estas organizaciones argumentan que las razones que llevaron a la inclusión del lobo en el LESPRE siguen siendo válidas. Luis Suárez, coordinador de conservación de la WWF, enfatizó que no solo se trata de la cantidad de ejemplares, sino también del valor ecológico, económico y social que la especie tiene para el entorno. Sin embargo, el nuevo censo revela que la población no ha mejorado, un indicativo de que la situación continúa siendo preocupante.

El crecimiento anual de la población de lobos se establece en apenas un 1%, significativamente inferior al crecimiento observado en otras partes de Europa. Este estancamiento, según Suárez, se debe a factores como la caza y la falta de diversidad genética en la población de lobos en España, lo que afecta su capacidad de expansión y adaptación.

Desde la perspectiva de WWF, los datos del censo sugieren que la decisión de excluir al lobo del LESPRE fue fundamentada más en intereses políticos que en evidencias científicas. Para asegurar una gestión adecuada y uniforme de la especie, proponen su readmisión en el listado, advirtiendo que su estatus actual permite que los intereses de algunas comunidades autónomas influyan en su manejo.

Por su parte, Ecologistas en Acción, representada por su portavoz Theo Oberhuber, ha expresado serias reservas sobre la fiabilidad de los datos presentados por las comunidades autónomas, señalando que las metodologías empleadas para el censo son cuestionables. Oberhuber sostiene que el número verdadero de manadas podría ser menor que el reportado y critica la inconsistencia en la justificación de los planes de control del lobo por parte de las autoridades, indicando que estos se basan en criterios que no toman en cuenta la realidad biogeográfica de la especie.

La organización ecologista considera que es esencial que el lobo vuelva a ser clasificado bajo el LESPRE, independientemente de divisiones geográficas arbitrarias. Afirman que esta separación entre el norte y el sur del Duero es ilógica y contraria a lo que la evidencia científica y los dictámenes de expertos sugieren, defendiendo una protección más estricta para la especie.

A pesar de que se plantean acciones para reincorporar al lobo en el LESPRE, Oberhuber subraya la necesidad de que el Gobierno, en particular el Ministerio de Transición Ecológica, asuma el liderazgo en la protección y conservación de la especie mediante políticas efectivas.

El coordinador federal de Alianza Verde, Juantxo López de Uralde, también se ha pronunciado sobre el censo, señalando que este desmentiría ciertas afirmaciones realizadas por detractores del lobo acerca de un supuesto crecimiento desmedido de la población bajo protección. López de Uralde reitera que la realidad demuestra un crecimiento ínfimo, lo que justifica la urgente necesidad de resguardar la especie y frenar las iniciativas de caza por parte de las comunidades autónomas de Asturias, Cantabria y Galicia.