OVIEDO, 23 de octubre.

José Catalino Fernández, miembro de la Comisión de Seguridad Minera de Asturias y representante de SOMA-FITAG-UGT, compareció el jueves ante la comisión de investigación sobre la mina de Cerredo. Durante su intervención, destacó un fenómeno preocupante en el sector minero: la creciente fragmentación del mismo, que se manifiesta en la aparición de numerosas pequeñas empresas que han suplantado a las grandes firmas que antaño dominaban el panorama minero. Esta transformación, según Fernández, trae consigo serios retos en términos de seguridad, control y representación de los derechos de los trabajadores.

Fernández contestó a las inquietudes planteadas por los diputados presentes en la comisión, reconociendo que la minería se encuentra en un momento de considerable dispersión. “Hemos pasado de un contexto donde las empresas públicas y las grandes privadas podían manejar las operaciones con un mayor control, a un entorno donde predominan múltiples pequeñas entidades”, expuso, reflejando su inquietud por esta nueva dinámica.

El representante hizo hincapié en que esta fragmentación dificulta seriamente la representación sindical en muchas de las explotaciones mineras, lo que a su vez limita la capacidad de los trabajadores para participar activamente en la supervisión de las condiciones laborales y de seguridad en sus lugares de trabajo.

“En las empresas donde hay representación sindical, la implicación de los trabajadores es notable y se prioriza la seguridad”, añadió Fernández, subrayando que las pequeñas explotaciones suelen carecer de una representación adecuada, incrementando así el riesgo para los trabajadores y complicando las tareas de los inspectores de seguridad.

Adicionalmente, Fernández planteó que la dispersión de empresas en el sector exige un compromiso por parte de las autoridades para llevar a cabo un seguimiento más exhaustivo en cada mina. Refiriéndose al accidente ocurrido en 2022, donde se produjo una controvertida transferencia de derechos mineros de Combayl a Blue Solving, mencionó que solo se efectúo una inspección. “Se podrían haber realizado más”, subrayó, sugiriendo que una mayor frecuencia en las visitas de inspección podría obligar a las empresas a mejorar sus estándares de seguridad.

Sin embargo, advirtió que existe la posibilidad de que ciertos incumplimientos queden ocultos si las empresas no aseguran el acceso a todas las áreas de trabajo: “Aumentar la presencia de inspectores ciertamente obliga a las empresas a mejorar su situación de seguridad, pero si quieren ocultar algo, tienen formas de hacerlo. Una mina es un entorno laboral muy distinto a otros tipos de trabajos”, argumentó Fernández mientras señalaba la importancia de supervisar adecuadamente las operaciones.

En el caso específico de la mina de Cerredo, observó que “si se estaban llevando a cabo trabajos en lugares no autorizados, es probable que el inspector no tenga conocimiento de ello y, por ende, no inspeccione esas zonas”, aunque aclaró que la ley permite un acceso sin restricciones del inspector a cualquier área de la explotación.

Sobre la inspección de zonas no habilitadas, Fernández indicó que corresponde al inspector asegurarse de que las áreas estén adecuadamente preparadas para la visita, enfatizando que dicho funcionario puede exigir a la empresa que habilite los accesos necesarios para garantizar una inspección integral.

Finalmente, en relación con el conocimiento de los diferentes niveles administrativos sobre las conexiones entre las empresas involucradas y las irregularidades detectadas, Fernández mostró su incertidumbre respecto a la cantidad de información que se comparte con los altos cargos gubernamentales. “Lo óptimo sería tener una comunicación fluida, aunque ignoro hasta qué punto se implementa”, concluyó.