SANTANDER, 22 de enero. La situación del transporte en Cantabria ha dado un giro significativo este año, marcando un antes y un después para los usuarios de trenes de Cercanías. El Congreso de los Diputados ha decidido rechazar un decreto ómnibus el pasado miércoles, que incluía una serie de medidas, entre ellas, los descuentos del transporte público. Como consecuencia, se informará que, a partir del 23 de enero, los trenes de Cercanías dejarán de ser gratuitos para los ciudadanos cántabros.

A pesar de este cambio, los abonos previamente emitidos para Cercanías y Media Distancia podrán seguir utilizándose hasta su fecha de caducidad en abril, según ha anunciado la Delegación del Gobierno. Este anuncio proporciona un alivio temporal, pero plantea interrogantes sobre la continuidad del servicio para los usuarios del transporte público en la región.

Los abonos en los trenes de Media Distancia y Cercanías habían sido gratuitos durante el presente año en Cantabria, independientemente de la situación a nivel nacional. Esto fue resultado de un acuerdo alcanzado en febrero de 2023 entre el Gobierno de Cantabria, Asturias y el Ministerio de Transportes, derivado de los problemas relacionados con los trenes que no se ajustaban a los túneles existentes.

La entonces ministra de Transportes, Raquel Sánchez, había acordado con las comunidades autónomas que, hasta que se incorporaran los nuevos trenes al servicio, el Gobierno de España financiaría las bonificaciones necesarias a través de los Presupuestos Generales del Estado, asegurando así la continuidad del servicio en la región.

En una reciente declaración, la delegada del Gobierno en Cantabria, Eugenia Gómez de Diego, ha criticado abiertamente al Partido Popular por su decisión de colaborar con Junts y Vox en el rechazo de este Real Decreto, que tenía como objetivo implementar medidas para proteger la economía, apoyar a los sectores más vulnerables y fomentar la sostenibilidad energética.

Según Gómez de Diego, la postura del PP pone en evidencia su falta de compromiso con el bienestar de los cántabros y su inclinación a anteponer intereses políticos por encima de las necesidades de la comunidad. Así mismo, lamenta que la negativa a este decreto suponga un obstáculo para la futura gratuidad del servicio de trenes en Cantabria, previsto para 2025, que había sido beneficioso para miles de ciudadanos.

Gómez de Diego subrayó que la postura del Partido Popular es "indignante" y apunta al impacto negativo que esta decisión tendría sobre los 131,000 pensionistas de Cantabria, ya que frena la revalorización de las pensiones, dejándolas por debajo de un aumento necesario para hacer frente a la inflación actual. Según ella, esto afecta principalmente a las familias más vulnerables, especialmente a los ancianos y viudas con dependientes.

Además, la delegada ha destacado que la votación en contra del decreto tendría repercusiones sobre las administraciones locales, dado que el texto contemplaba un aumento en las transferencias a comunidades y ayuntamientos, recursos que son cruciales para mejorar los servicios públicos y garantizar la estabilidad financiera de los municipios de la región.

Otro sector que también se verá gravemente afectado es la industria electrointensiva, que perderá el descuento del 80% en peajes eléctricos hasta 2025, medida considerada esencial para preservar la competitividad de las empresas en Cantabria.

Por si fuera poco, la eliminación de deducciones fiscales para la eficiencia energética en viviendas y para vehículos eléctricos también es consecuencia de este rechazo, lo que resulta incomprensible para muchos, ya que estas medidas son necesarias para avanzar hacia un modelo más sostenible, apoyado tanto por empresas como por ciudadanos.

Gómez de Diego ha manifestado una especial preocupación por cómo estas decisiones del Partido Popular impactarán en los trabajadores con ingresos menores, quienes no se beneficiarán del aumento del límite de ingresos establecido en 22,000 euros para estar exentos de presentar la declaración del IRPF. Esta limitación, según ella, pone de manifiesto la desconexión del PP con las realidades sociales que afectan a las familias más necesitadas.

La delegada concluyó reiterando que el Partido Popular actúa en beneficio de sus intereses y no del interés general, y ha instado a los miembros de este partido a reflexionar sobre el daño que están infligiendo a la sociedad. Gómez de Diego reafirmó el compromiso del Gobierno de España con Cantabria, asegurando que continuarán trabajando para proteger a las personas, fortalecer la economía y avanzar hacia un futuro más equitativo y sostenible.