OVIEDO, 23 de octubre.

En un reciente testimonio ante la Comisión de Seguridad Minera de Asturias, Luis Javier Vázquez, quien ha desempeñado un papel destacado en el sector, ha puesto de relieve serias irregularidades en la mina de Cerredo. Este lugar se ha visto marcado por la tragedia del fallecimiento de cinco mineros leoneses en marzo pasado, a raíz de un accidente que, según Vázquez, no solo destaca la falta de ética empresarial, sino también deficiencias alarmantes en la supervisión de las autoridades mineras.

Vázquez, que se ha retirado del ámbito sindical de CCOO y cuenta con una dilatada experiencia en minería, compareció ante el Parlamento asturiano para explicar las circunstancias de un siniestro que, además de las cinco muertes, dejó a otros cuatro trabajadores heridos el 31 de marzo. Esta mina estaba bajo la explotación de Blue Solving, la misma compañía que estuvo involucrada en un accidente mortal en 2022, año en el que un trabajador perdió la vida y otro resultó herido debido a la extracción de carbón sin la debida autorización.

La situación se vuelve más inquietante al observar que la empresa anteriormente responsable, Combail, ya había cometido infracciones significativas. Posteriormente, Blue Solving continuó con actividades de extracción sin el necesario permiso, alcanzando un sombrío historial que culminó en el trágico accidente de 2025.

Vázquez subrayó la necesidad urgente de una vigilancia más estricta por parte de las autoridades. Citó la existencia de un marco legal completo que establece protocolos claros para la seguridad en el sector. En este marco, recordó que tras el accidente de Cerredo, se decidió suspender una operación minera en Cangas del Narcea, lo cual pone de relieve la seriedad de las violaciones cometidas.

"En 2022, estaban extrayendo carbón para venderlo, sin contar con ningún tipo de permiso", afirmó Vázquez, cuestionando cómo se permitió que esta misma empresa recibiera autorización para operar en Cerredo a pesar de su historial problemático. La mina contaba sólo con un permiso de investigación destinado a un tipo de grafito, pero se le permitió la extracción de 60,000 toneladas de carbón, que Vázquez considera excesivo para tales fines.

"La cantidad de carbón que se autoriza es desmesurada", añadió. Según él, para un proyecto de investigación, las necesidades de producción deberían ser mucho menores. Si ya había antecedentes de engaños por parte de esta empresa, se necesita poner en alerta a la supervisión para evitar futuros desastres.

Respecto a las dificultades que se plantean para detectar la extracción ilegal de carbón, Vázquez fue firme al defender la capacitación de los inspectores. La clave, según él, radica en realizar inspecciones minuciosas, y si un inspector actúa con diligencia, es imposible que un empresario los engañe.

Relató que el mismo día del accidente visitó el sitio y, aunque no pudo acercarse demasiado, fue evidente para él que la minería estaba activa, solo con observar los materiales en el lugar. "Las evidencias son claras; la supervisión debe ser efectiva y hacer cumplir la normativa", insistió.

La autoridad minera en Asturias, representada por la Dirección Regional de Minería y la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo, es la que tiene la responsabilidad de supervisar estos proyectos, tal y como él mismo remarcó. "Son ellos quienes deben asegurar que todo opera dentro de la ley y que las condiciones de seguridad son respetadas", explicó.

Por otro lado, Vázquez no escatimó en señalar la gravedad de los antecedentes de los propietarios de la empresa, que van más allá de la minería, incluyendo implicaciones legales en delitos de narcotráfico. En su declaración, mencionó que la empresa había "engañado" a las autoridades para obtener el permiso de investigación, lo que es alarmante y evidencia un patrón de deshonestidad.

Finalmente, Vázquez expresó su profunda preocupación por las víctimas del accidente y la falta de pago de salarios. Según relató, los trabajadores afectados todavía no han recibido su salario correspondiente a junio y julio, una situación inaceptable que agrava la tragedia del accidente.

El siniestro en Cerredo, un evento devastador que dejó cinco muertos y cuatro heridos debido a una explosión de gas grisú, ocurrió en el contexto de operaciones ilegales de extracción de carbón. Blue Solving, la compañía responsable, solo tenía un permiso para investigar usos alternativos del carbón, específicamente para la fabricación de grafito, pero traspasó los límites permitidos, lo que lleva a cuestionar la regulación y vigilancia en la industria minera.