La Delegación del Gobierno niega haber realizado promesas a los ganaderos durante la tractorada que colapsó el centro de Oviedo en febrero

Los cuatro ganaderos investigados por desórdenes públicos y atentado contra agentes de la autoridad durante la manifestación consideran que su imputación es un intento de amedrentar al sector primario por parte del Principado y Delegación de Gobierno.

El coordinador de URA, Borja Fernández, ha afirmado que hubo acuerdos firmados con la Consejería de Medio Rural y Delegación del Gobierno para no tomar represalias contra los manifestantes.

Los ganaderos están siendo asesorados por el equipo jurídico de URA y aseguran que llegarán hasta el final en su defensa.

La abogada Ana Ballina ha indicado que en las diligencias previas no hay pruebas en contra de los investigados y considera que la investigación es una artimaña para presionar al colectivo.

Los cuatro investigados declararán este martes y afirman no tener nada que ocultar, señalando que solo estaban manifestándose pacíficamente por sus intereses.

Los ganaderos argumentan que cumplieron con los acuerdos establecidos y se retiraron pacíficamente al término de la manifestación sin causar disturbios.

Fuentes de la Delegación del Gobierno han negado haber prometido algo a los manifestantes, ya que eso sería considerado prevaricación, y han aclarado que su actuación es de índole administrativa y no penal.