En un reciente encuentro en Madrid, la secretaria general de Transporte Terrestre, Rocío Báguena Rodríguez, ha reafirmado la postura del Gobierno en contra de la liberalización del peaje de la autopista Huerna (AP-66). Según Báguena, la administración no puede hacerse cargo de las consecuencias jurídicas y económicas que acarrearía un posible rescate de esta concesión. Ha añadido que la espera por la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la legalidad de la extensión otorgada por el Ejecutivo del Partido Popular continúa siendo una prioridad.

Durante una sesión en la comisión de Transportes del Congreso, la diputada del PP, Esther Llamazares, exigió al Ministerio que aclarara las acciones previstas ante el reciente dictamen motivado de la Comisión Europea relacionado con el peaje de Huerna. Esta solicitud pone de manifiesto la inquietud que persiste en las filas del PP sobre la actual gestión del peaje.

En respuesta a estos cuestionamientos, Báguena hizo hincapié en las palabras previas del ministro Óscar Puente, quien mencionó que el Gobierno no tiene intención de intervenir en el peaje hasta que el TJUE emita su decisión. Esta postura ha generado un clima de incertidumbre sobre el futuro de la autopista, que sigue bajo la mirada atenta de los legisladores.

Retomando la crítica hacia el pasado, la secretaria de Transportes volvió a acusar al Gobierno de José María Aznar por haber prorrogado la concesión del peaje, un punto que el actual Ejecutivo ha utilizado para justificar su falta de acción. A pesar de esta dinámica, Báguena subrayó que el dictamen europeo sobre el rescate del peaje de Huerna no es de carácter vinculante, lo que deja el destino de la AP-66 en un limbo legal.

Del mismo modo, resaltó la necesidad de que el TJUE determine si la decisión del Gobierno del PP es correcta desde un punto de vista legal. Aún así, se mostró optimista al mencionar las bonificaciones implementadas por el Gobierno de Pedro Sánchez para los usuarios frecuentes de la autopista, lo que demuestra un intento de aliviar la carga económica para los conductores.

Finalmente, en respuesta a la solicitud del Partido Popular para acceder a la documentación del expediente sobre la AP-66, Báguena indicó que dicha cuestión está bajo proceso judicial. Prometió que todos los detalles del procedimiento se revelarán una vez que este haya concluido, subrayando así el carácter delicado de la situación y la necesidad de respetar los tiempos legales.