OVIEDO, 14 de noviembre. En un nuevo episodio que llama la atención a los ciudadanos, Covadonga Tomé, diputada del Grupo Mixto, se ha pronunciado contundentemente a favor de la eliminación del peaje en la autopista del Huerna (AP-66). Este posicionamiento se apoya en un análisis reciente realizado por destacados académicos de la Universidad de La Coruña, Carlos Aymerich Cano y José Antonio Blanco Moa, a instancias de su partido, Somos Asturies.

Durante una conferencia de prensa, Tomé enfatizó que no existen razones de carácter económico o legal que justifiquen la permanencia del peaje. Además, señaló que el Gobierno Central tiene la facultad de solicitar una revisión de oficio, un procedimiento que, según ella, ya ha formalizado. Este proceso daría pie a la revocación de la prórroga actual del peaje, lo cual podría hacerse efectivo en un breve periodo de tiempo.

La diputada denunció la carencia de iniciativa por parte del Ejecutivo, dirigiendo sus críticas al ministro de Transportes, Óscar Puente, y al consejero de Movilidad, Alejandro Calvo. Instó a ambos a actuar con celeridad en la defensa de los intereses de los asturianos, insistiendo en que la eliminación del peaje es un reclamo legítimo y necesario.

Tomé explicó que, a diferencia de otros casos en los que se ha hablado de rescates por razones de conveniencia, la eliminación del peaje en este caso se basa en la ilegalidad de la prórroga, lo que implica que la compensación a la empresa concesionaria no incluiría pérdidas futuras, sino solo el valor de la concesión. Se estima que este valor ronda los 285 millones de euros, una cifra que es menos de la mitad que lo que el Estado tendría que asumir en bonificaciones hasta 2050, que asciende a unos 674 millones de euros.

Además, la diputada anunció que enviará el informe al Ministerio de Transportes y al consejero de su comunidad, subrayando la importancia de la movilización social en su lucha por la eliminación del peaje. La presión ciudadana, asegura, será un elemento clave para que las autoridades actúen de manera efectiva.

Los catedráticos que respaldaron a Tomé destacaron en la rueda de prensa que la prórroga de la concesión, que data del gobierno de José María Aznar, representa una modificación significativa del contrato original, el cual debería haber sido sometido a un nuevo proceso de licitación. Recordaron una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2019 que, en un caso sobre una autopista italiana, consideró ilegales este tipo de prórrogas que no se realizaron mediante un concurso público.

Los expertos recalcaron que la eliminación del peaje debe interpretarse como un cumplimiento de la ley y no como un rescate financiero. Según sus cálculos, el valor de la concesión de la AP-66 se sitúa en unos 285 millones de euros, mucho menor que los 674 millones que el Estado debería pagar si se mantiene el peaje y las bonificaciones hasta 2050.

Asimismo, manifestaron que el procedimiento de revisión de oficio podría implementarse de forma inmediata y que la compensación sería notablemente más baja que las bonificaciones acumuladas. Concordando con la jurisprudencia del Tribunal Supremo, establecieron que dicha compensación no debería incluir pérdidas de ganancias para la concesionaria. También mencionaron que los costos de mantenimiento anuales de la autopista serían de aproximadamente 4,8 millones de euros si pasara a gestión del Estado.