OVIEDO, 27 de noviembre. La consejera de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo, Gimena Llamedo, defendió en la Junta General el uso limitado y excepcional de la libre designación en la Administración de la comunidad autónoma. Afirmó que el Gobierno del Principado respeta la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) que afecta a ciertas jefaturas de servicio, aunque ha decidido presentar un recurso ante el Tribunal Supremo para asegurar la legalidad del modelo administrativo vigente.

Durante su comparecencia, solicitada por el Partido Popular (PP), Llamedo explicó que, de las más de 2,000 jefaturas de servicio en el Principado, solo diez son designadas libremente, lo que confirma su uso excepcional según la Ley de Empleo Público. Además, aclaró que la sentencia del TSJA se refiere a siete jefaturas de un total de 210, subrayando que tres de ellas están ocupadas por concurso desde 2022, por lo que en la práctica solo se discute sobre cuatro casos.

La vicepresidenta destacó que la sentencia del TSJA no pone en duda la legalidad del sistema, sino que cuestiona la formalidad de algunos expedientes administrativos. En este contexto, justificó el recurso ante el Supremo como una medida necesaria para establecer una interpretación coherente de la Ley de Empleo Público y evitar futuras incertidumbres jurídicas.

Frente a las críticas del PP, Llamedo rechazó las acusaciones de favoritismo y subrayó que todos los procesos son transparentes y objetivos. Afirmó que el Gobierno continuará operando con profesionalismo y rigor, insistiendo en que el debate político a menudo exagera los problemas y distorsiona la realidad de los datos presentados.

Para concluir, la consejera defendió la actuación del Ejecutivo, resaltando que mientras otros optan por el ruido político, su Gobierno se basa en datos y continúa actuando con responsabilidad y serenidad. Afirmó que la política de empleo público en Asturias se sustenta en los principios de rigor, transparencia y respeto por el servicio público.

Por su parte, el diputado del PP, José Agustín Cuervas-Mons, argumentó que no existe ningún informe que justifique los siete nombramientos por libre designación del PSOE y mencionó que la sentencia, de hecho, proviene de una queja presentada no por el PP, sino por una asociación profesional de funcionarios. Reprochó al Ejecutivo por intentar desviar la responsabilidad hacia la oposición y enfatizó que lo que se cuestiona es el uso indebido del sistema de libre designación.

Cuervas-Mons afirmó que el TSJA revisó minuciosamente cada uno de los siete nombramientos y concluyó que carecían de justificaciones adecuadas. Criticó al Gobierno por intentar controlar la Administración y acusó a sus miembros de demorar el informe jurídico que respaldara su recurso al Supremo, sugiriendo que la reacción del Ejecutivo se debió a las presiones políticas y no a un procedimiento legal bien organizado.

También se unieron a las críticas el diputado del Grupo Mixto y portavoz de Foro, Adrián Pumares, y la portavoz de Vox, Carolina López. Pumares señaló que la rapidez con que el Gobierno anunció el recurso tras la sentencia genera sospechas sobre la intención de legitimar acciones ya decididas. Mientras que López acusó al Gobierno de establecer un sistema que favorece colocaciones basadas en afinidades políticas en lugar de méritos y capacidad, comparando sus prácticas con métodos de organizaciones criminales.

El portavoz de IU-Convocatoria, Xabel Vegas, opinó que el recurso tiene más que ver con un defecto de forma que con la sustancia misma, y criticó a la oposición por utilizar el asunto para generar caos y desinformación. También cuestionó a Vox, recordando sus propios antecedentes negativos en materia de adjudicaciones.

Finalmente, el diputado socialista Ricardo Fernández defendió la gestión del Gobierno, argumentando que las críticas y los ataques de otros partidos eran parte de una estrategia política que distorsiona la realidad para crear una imagen negativa del Ejecutivo. Aseguró que todo lo tratado en la Asamblea se había sacado de contexto para deslegitimar al Gobierno de manera injusta.