OVIEDO, 1 de diciembre.

En un notable pronunciamiento, la directora de relaciones externas de Mercadona en la región de Asturias, Noelia Iglesias, se manifestó en contra de la propuesta que busca prohibir la venta de bebidas energéticas a menores de 16 años. "Pensamos que la prohibición debería ser considerada como un último recurso por parte de la Administración", afirmó durante su intervención en una comisión de la Junta General del Principado.

Iglesias presentó sus argumentos en el contexto del debate en torno a un proyecto de ley que busca restringir el acceso a estas bebidas por parte de los jóvenes. A pesar de la creciente preocupación por los efectos de estas bebidas, la representante de la empresa denunció la falta de campañas de concienciación que aborden directamente la problemática del consumo de estas bebidas entre los chicos.

Asimismo, destacó la importancia de contar con un marco normativo uniforme que evite que algunas comunidades autónomas tomen decisiones en solitario. "No existe una legislación mínima que unifique criterios en todo el país", insistió, subrayando la necesidad de que se generen condiciones equitativas para evitar que menores crucen fronteras territoriales para eludir las restricciones.

El mensaje de Iglesias fue claro: la prohibición a menudo no resulta efectiva en la desincentivación del consumo, y podría simplemente aplazar el inicio del mismo. "La promoción de campañas de información es esencial antes de considerar la prohibición", argumentó.

En relación a la regulación propuesta, la portavoz de Mercadona también planteó inquietudes sobre diversos aspectos del decreto, como la edad mínima para la compra y la responsabilidad de los trabajadores en la vigilancia del cumplimiento de estas normas. Categóricamente, expresó que "no se puede obligar a los empleados a asumir esa carga", aduciendo que podría acarrear situaciones problemáticas en los puntos de venta.

Iglesias también mencionó un posible dilema que surgiría en el caso de vincular la compra de estas bebidas con la presencia de menores, sugiriendo que cualquier norma debería evitar situaciones confusas. "Un adulto que acompaña a un bebé no debería ser penalizado al intentar comprar una bebida energética", explicó.

No fue la única voz experta en esta sesión. El catedrático de Psiquiatría Julio Bobes, de la Comisión Nacional de Prevención de Drogas, también expuso su postura, poniendo de manifiesto la tensión entre el derecho a la salud y el derecho a la libertad. Su propuesta radica en elevar la prohibición de acceso a estas bebidas hasta los 18 años, argumentando que la maduración cerebral se completa a los 24.

Bobes destacó que permitir el acceso a estas bebidas a menores de 18 años resulta incoherente, considerando que la edad mínima para el consumo de alcohol y tabaco se establece en 18 años. "A menudo, los problemas que se introducen en la vida de nuestros adolescentes vienen en envases coloridos", alertó, enfatizando la necesidad de abordar esta cuestión seriamente.

Presentando cifras elocuentes, Bobes apuntó que, para el año 2024, se estima que el 17% de los adolescentes mayores de 16 años consumen bebidas energéticas, incrementándose 1% anualmente desde 2015. Este fenómeno, enfatizó, está en aumento y representa una atracción considerable para los jóvenes, dentro de un contexto donde el consumo de diversas drogas ha crecido, en lugar de decrecer, en los últimos tres décadas.