Crónica Asturias.

Crónica Asturias.

Padre Chus enfrenta petición de diez años de prisión por presunto soborno sexual a menores

Padre Chus enfrenta petición de diez años de prisión por presunto soborno sexual a menores

Se avecina un juicio para dos personas acusadas de facilitar sustancias estupefacientes.

El caso se desarrolla en Gijón, donde la Fiscalía de Área ha pedido diez años de prisión para el ex sacerdote Jesús María Menéndez, conocido como padre Chus, por supuestas acciones que incluyen proporcionar hachís a menores en su domicilio y solicitarles favores sexuales a cambio de dinero o drogas.

Según información oficial, el juicio está programado para el próximo miércoles en la Audiencia Provincial de Asturias, con sede en Gijón. La vista podría continuar el día 18.

Según la acusación, desde 2015, el acusado (nacido en 1952) contactaba con menores para invitarles a su casa en Gijón, donde les entregaba dinero o hachís para consumo en su presencia.

En otras ocasiones, dos acusados más jóvenes facilitaban la droga a los menores en presencia del padre Chus, quien al parecer buscaba establecer amistades con los jóvenes para aprovecharse de ellos sexualmente ofreciendo dinero, drogas o la comodidad de consumir drogas en su casa.

Se mencionan situaciones en las que el acusado solicitó favores sexuales a menores a cambio de dinero, como una propuesta de felación a un testigo protegido en 2015 o 2016, y otra oferta en 2017 a otro testigo a cambio de tocarle en una zona íntima, a pesar de que estos se negaron.

En un registro realizado en noviembre de 2021, se encontraron 5,28 gramos de hachís destinados al suministro a menores. La Fiscalía considera estos actos delictivos como delitos contra la salud pública y corrupción de menores, pidiendo penas de prisión y medidas de rehabilitación.

Se solicita que cada acusado reciba cuatro años de prisión por el delito contra la salud pública, además de penas específicas para el padre Chus por corrupción de menores, como inhabilitación y vigilancia especial, así como prohibiciones de aproximación a las víctimas y testigos protegidos.

Además, se solicita una indemnización de 1.000 euros para cada víctima y testigo por daños morales, junto con intereses legales.