En una reciente manifestación de preocupación, organizaciones comprometidas con la defensa de víctimas de abusos dentro de la Iglesia han instado al Papa León XIV a destituir al arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes. Esta petición se origina tras las críticas del arzobispo hacia el acuerdo entre la Iglesia y el Estado español, que busca indemnizar a los sobrevivientes de la pederastia eclesiástica, calificándolo de "arma de distracción masiva".

La Asociación Nacional Infancia Robada (ANIR), entre otras agrupaciones de víctimas, ha expresado su descontento a través de un comunicado que demanda la remoción de Sanz. Aseguran que sus declaraciones despectivas hacia quienes han sufrido abusos son continuas y evidencian un desprecio alarmante por el sufrimiento de las víctimas y los supervivientes.

Las críticas a las declaraciones de Sanz surgieron después de que este publicara un artículo de opinión en ABC, en el que arremete contra el reciente acuerdo entre las autoridades gubernamentales y la Conferencia Episcopal Española para establecer compensaciones a las víctimas de abusos. En su análisis, el arzobispo argumenta que el planteamiento del Ejecutivo introduce elementos de control y parcialidad, sugiriendo que "el Gobierno determina el costo, designa al pagador y decide quién actúa como árbitro".

Las víctimas reaccionaron al desafiante discurso de Sanz, aseverando que sus comentarios son ejemplos claros de un "negacionismo insensible", que atenta contra la dignidad de quienes han padecido estos abusos. Además, denunciaron que sus actitudes contribuyen a la revictimización, intensificando el sufrimiento de las personas afectadas. En un tono firme, solicitaron la depuración de la Iglesia de individuos que, a su juicio, colaboran en la omisión de auxilio a las víctimas.

Asimismo, las organizaciones señalaron que el arzobispo ha emprendido una "persecución incesante" contra las víctimas, lo que podría acarrear graves repercusiones legales. Alertaron que sus opiniones sobre el pacto entre la Iglesia y el Estado contienen elementos que podrían ser objeto de un proceso judicial, y están evaluando la posibilidad de presentar una denuncia formal en su contra.

Las agrupaciones insistieron en que Sanz "no refleja los valores fundamentales de la Iglesia católica" y exigieron una "condena pública" y acciones correctivas por parte de la orden franciscana, para abordar su conducta reprobable.

En su comunicado, también criticaron la acusación lanzada por Sanz hacia un grupo de víctimas del Seminario Menor de La Bañeza, insinuando que eran responsables de un infarto letal sufrido por un obispo español. Tales afirmaciones son vistas como inaceptables para alguien que ocupa una posición de responsabilidad dentro de la institución religiosa.

Por último, las organizaciones valoraron positivamente la recepción que tuvo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con las víctimas, lo que representa un paso necesario hacia el reconocimiento público que merecen aquellos que han sufrido abusos. También resaltaron el apoyo que están recibiendo de instituciones europeas y parlamentos autonómicos, destacando la importancia de un entorno democrático que defienda los derechos de las víctimas.