OVIEDO, 13 de febrero.

La Federación Asturiana de Empresarios (FADE), junto a varias organizaciones del sector del transporte, ha tomado la iniciativa de impugnar un decreto del año 2000 que amplió el plazo de concesión de la autopista del Huerna (AP-66). Esta autopista conecta Asturias con León y su extensión en 29 años ha sido considerada por el ámbito empresarial como una carga económica injusta que afecta negativamente a las empresas locales.

La acción legal, cuya fundamentación proviene del asesoramiento del despacho jurídico Ontier, señala que dicha prórroga representa un cambio significativo en el contrato original. Las organizaciones involucradas, que incluyen a Asetra-CETM Asturias, Astra, Cesintra, Asvipymet y CAR, reclaman que, de acuerdo a las normativas europeas sobre contratación pública, cualquier alteración de esta magnitud debería haber pasado por un nuevo proceso de adjudicación en lugar de ser tratada como una simple modificación del contrato existente.

FADE y las asociaciones de transporte hacen hincapié en que el peaje de la autopista del Huerna trasciende su papel como infraestructura, ya que influye directamente en la competitividad de las industrias y el sector logístico asturiano. Este peaje representa un coste adicional en la principal ruta de salida de la región, un coste que no enfrentan otras áreas, afectando así precios, márgenes de beneficio y la capacidad de atraer nuevas inversiones a Asturias.

La presidenta de FADE, María Calvo, ha subrayado que el asunto no es meramente técnico, sino que plantea una cuestión de igualdad competencial. Calvo sostiene que Asturias no puede permitirse competir con desventajas estructurales en su principal vía de comunicación, por lo que eliminar el peaje es esencial para proteger el empleo, promover la inversión y asegurar un futuro próspero para la comunidad autónoma.

Esta solicitud será presentada al Consejo de Ministros, que cuenta con un plazo de seis meses para emitir una respuesta. En caso de que la solicitud sea denegada o no se reciba respuesta, FADE y las asociaciones promotoras están preparadas para recurrir a la vía contencioso-administrativa.

Además, cabe resaltar que esta medida se alinea con el procedimiento de infracción que ha sido iniciado por la Comisión Europea, que investiga si España ha vulnerado las normas comunitarias en relación a la modificación del contrato. Esta situación podría eventualmente llevar a una decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, fortaleciendo así la postura legal de las organizaciones empresariales asturianas en este conflicto.