El Gobierno asturiano, dirigido por la Consejería de Medio Rural y Política Agraria, ha dado luz verde a la realización de 174 cacerías programadas para el control de la población de lobos, en un esfuerzo por mitigar los daños causados a otras especies en las reservas naturales de la región. Esta iniciativa se desarrollará entre el 11 de octubre y el 31 de diciembre, como parte de un plan anual destinado a abordar los crecientes conflictos entre la fauna salvaje y la ganadería.

Durante una reciente comparecencia en la Junta General, el consejero Marcelino Marcos expresó su compromiso con la gestión sostenible del lobo, subrayando la importancia de este animal para la economía rural asturiana y para la vida de muchas familias que dependen de la ganadería extensiva. "Hablar del lobo en Asturias es fundamental para entender el equilibrio de nuestro medio rural", afirmó el consejero, quien también destacó la urgencia de actuar ante la amenaza que representan los ataques a la ganadería.

Marcos hizo hincapié en que la reciente modificación de la Ley 1/2025, que excluye al lobo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, otorga a las comunidades una mayor capacidad para gestionar la especie de acuerdo a las necesidades locales. Este cambio legislativo es visto como un paso necesario para proteger los intereses de los ganaderos, quienes enfrentan desafíos significativos debido a los ataques de lobos en sus rebaños.

El programa de control de la población de lobos contempla la extracción de hasta 53 ejemplares en áreas específicas y promueve la colaboración con cazadores bajo estricta supervisión técnica, asegurando que estas actuaciones se realicen de manera responsable y respetuosa con la biodiversidad. Sin embargo, el consejero no ha proporcionado cifras sobre la cantidad de lobos que ya han sido abatidos, lo que ha generado tensiones con la oposición.

Luis Venta, diputado del PP, ha criticado duramente al Gobierno regional, acusándolo de manipulación política y de ocultar información vital para los ganaderos. Venta ha anunciado su intención de llevar el asunto a los tribunales, subrayando su acceso a la información y la necesidad de proteger los derechos de los ganaderos. Mencionó varios ataques recientes en diferentes municipios asturianos, advirtiendo sobre la urgencia de la situación.

Desde Vox, Javier Jové también ha alzado la voz contra la gestión del lobo por parte del Ejecutivo, cuestionando la falta de transparencia en torno a las cifras de lobos abatidos y desafiando al consejero a demostrar la efectividad de las medidas implementadas. Según Jové, la propuesta de capacitar a guardias de cotos para las cacerías plantea serias dudas sobre la legalidad y la competencia de estos en el manejo de armas.

Finalmente, los representantes de Vox han manifestado su firme intención de solicitar información oficial sobre la gestión de la población de lobos, reclamando mayor claridad y apertura por parte del Gobierno regional. Se espera que esta demanda por transparencia y rendición de cuentas continúe siendo un punto focal en el debate sobre la coexistencia entre ganadería y conservación en Asturias.