OVIEDO, 22 de octubre.

El Ejecutivo asturiano ha dado luz verde a un nuevo proyecto de ley que prohibirá la venta y el consumo de bebidas energéticas a personas menores de 16 años. Este texto legislativo será enviado en breve a la Junta General para su debate y aprobación, con el fin de proteger a los jóvenes y concienciar sobre los posibles efectos adversos de estas bebidas en la salud.

La Consejería de Ordenación del Territorio, que ha sido la responsable de la redacción de esta normativa, estima que hay alrededor de 30.000 adolescentes de entre 12 y 16 años que podrían ser usuarios de estos productos, tal como ha comunicado el Principado a través de un comunicado de prensa.

Entre las principales disposiciones, se obligará a los comercios a situar las bebidas energéticas en áreas restringidas y se exigirá a todos los establecimientos, incluidos bares y cafeterías, la verificación de la edad de sus compradores. Las máquinas expendedoras también deberán contar con un sistema de control de edad.

En cuanto a las sanciones, se equiparan a las ya vigentes para el consumo y venta de tabaco y alcohol, aunque las infracciones muy graves podrán acarrear penalizaciones más severas. Se priorizará la educación y prevención respecto a las multas impuestas a menores infractores, siguiendo criterios de proporcionalidad y propósito educativo.

Las sanciones variarán desde advertencias y multas de hasta 600 euros por infracciones leves, hasta penas que pueden alcanzar los 10.000 euros en casos graves y el cierre de negocios para infracciones muy serias. Este último tipo de sanción se aplicará a las actividades de venta y distribución a gran escala, que podrían conllevar multas de hasta 100.000 euros.

Esta normativa ha sido desarrollada mediante un proceso participativo que ha incluido la colaboración de diversas áreas del gobierno, así como la participación de padres, profesionales de la salud, educadores, estudiantes, organizaciones juveniles y sindicatos, dada su naturaleza integral.

Desde el Gobierno de Asturias se advierte que el aumento del consumo de bebidas energéticas entre menores de 16 años constituye un serio desafío para la salud pública, lo que ha motivado la necesidad de una legislación que busque mitigar sus efectos nocivos.