OVIEDO, 27 Oct.

El Gobierno de Asturias ha decidido dar un paso importante al solicitar oficialmente una revisión de la prolongación de la concesión de la autopista AP-66, comúnmente conocida como el peaje del Huerna, que fue extendida hasta 2050 mediante el Real Decreto 302/2000.

Esta acción representa el primer esfuerzo por parte de la administración asturiana dentro del conjunto de iniciativas que componen el manifiesto de la Alianza por las Infraestructuras del Estado, el cual es vital para el desarrollo de Asturias. Se produce en el contexto del dictamen de la Comisión Europea, que ha determinado que las prórrogas de concesiones como las de las autopistas AP-9 y AP-66 contravienen el derecho de la Unión Europea.

La revisión de oficio es un procedimiento que otorga a la Administración la capacidad de examinar y, si es necesario, anular sus propias decisiones, incluso si ya han sido ratificadas. Este mecanismo busca asegurar que la Administración actúe conforme a la ley y proteja el interés público, permitiendo acciones incluso después de que la decisión haya sido adoptada. Esta solicitud de revisión es un paso previo y esencial para iniciar acciones legales ante los tribunales españoles.

El Gobierno asturiano ha finalizado un exhaustivo estudio jurídico que respalda esta solicitud de revisión, realizado por sus propios técnicos, y se lo hará llegar al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para su correspondiente procesamiento. Alejandro Calvo, consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, comentó: "Con la revisión de la prórroga del Huerna, damos inicio a la ejecución del manifiesto de la Alianza y aplicamos con rigor lo dictado por Europa. Este asunto es una cuestión de legalidad, equidad y justicia territorial".

Calvo se reunió con los miembros de la Alianza por las Infraestructuras para informarles sobre las acciones que el Gobierno asturiano está implementando en múltiples áreas. Se combinarán esfuerzos tanto en el ámbito administrativo como en el judicial para abordar lo que se necesita realizar a corto y medio plazo.

Además, el consejero mencionó la importante comunicación establecida con las comunidades limítrofes de Galicia y Castilla y León, con quienes se ha solicitado al ministerio toda la información pertinente sobre el procedimiento de infracción que gestiona la Comisión Europea.

El Gobierno de Asturias también se encuentra en contacto constante con los técnicos de la Comisión Europea responsables del dictamen, lo que permitirá al Principado contribuir al procedimiento con la documentación que considere relevante para su resolución.

El análisis realizado por el Gobierno sostiene que el Real Decreto 302/2000, que modificó las condiciones económicas de la concesión de la AP-66 y amplió su plazo hasta 2050, es objeto de nulidad absoluta, ya que fue emitido sin seguir el procedimiento de adjudicación que marca la ley.

Se concluye que dicho real decreto realizó cambios significativos que alteraron el equilibrio financiero y la duración del contrato, constituyendo de hecho una nueva concesión sin contrato público. Esta situación, según el derecho europeo, infringe los principios de transparencia y de igualdad, resultando en la nulidad del acto administrativo según el artículo 47.1 de la Ley 39/2015 de procedimiento administrativo común.

Asimismo, el Gobierno justifica su solicitud basándose en cómo esta prórroga afecta el bien común, ya que mantener el peaje hasta 2050 representa una carga económica y social que afecta la movilidad, la competitividad de las empresas, la cohesión territorial y la sostenibilidad del medio ambiente. La jurisprudencia respalda la capacidad del Principado para impugnar decisiones estatales que perjudican los intereses de su territorio.

“La extensión del peaje del Huerna fue irregular desde el punto de vista jurídico y perjudicial económicamente para Asturias. Es nuestra responsabilidad restaurar la legalidad y asegurar que esta comunidad goce de las mismas condiciones de movilidad que el resto de España”, enfatizó Alejandro Calvo.