En un reciente informe presentado por el Ministerio de Sanidad, se ha revelado un ligero aumento en el número de abortos en los centros públicos de España. Sin embargo, la ministra Mónica García ha subrayado que a pesar de este incremento, los resultados son aún “insuficientes” para garantizar el acceso adecuado a este derecho.

Durante el año pasado, se llevaron a cabo 106.172 abortos voluntarios en todo el país, lo que representa un aumento del 2,98% en comparación con 2023. En Asturias, el número de abortos alcanzó los 1.886, lo que marca una disminución del 3,38% en la misma región. La tasa nacional de abortos se situó en 12,36 por cada 1.000 mujeres de 15 a 44 años, con Asturias reportando una tasa de 12,89, que también muestra una ligera caída desde el 13,15% del año anterior.

El desglose por grupos de edad en Asturias indica que la mayoría de las mujeres que optaron por la interrupción de su embarazo son jóvenes de entre 20 y 24 años, con un total de 420 abortos. Otras cifras relevantes incluyen 403 abortos realizados por mujeres de 25 a 29 años y 356 por aquellas de 35 a 39 años. Tristemente, la estadística también reporta cinco abortos en menores de 15 años y 194 entre adolescentes de 15 a 19 años.

En términos de maternidad previa, de las mujeres que abortaron, la mayoría (1.067) no tenían hijos en ese momento. Un informe adicional muestra que algunas habían pasado por múltiples abortos, con 1.301 mujeres que nunca habían abortado antes, y solo un pequeño porcentaje había llegado a abortar en cinco o más ocasiones.

La gran mayoría de estos procedimientos (1.485) se realizaron en las primeras ocho semanas de gestación, lo que resalta que muchas mujeres están buscando atención médica temprana. En total, se reportaron 30.900 abortos en centros públicos, mientras que 83.609 se llevaron a cabo en instalaciones privadas, mostrando una clara predominancia del sector privado en esta área.

La ministra García, al presentar estos datos, enfatizó que aunque se está avanzando en el fortalecimiento de la salud pública, aún queda un largo camino por recorrer. Aseguró que el Ministerio de Sanidad continuará exigiendo a las comunidades autónomas que implementen planes efectivos para mejorar la situación.

García criticó la situación en Madrid, donde se ha reportado que, de más de 162.000 abortos en la última década, solo 177 se han efectuado en hospitales públicos. Esta diferencia es inaceptable y refleja las deficiencias en el sistema de salud pública, que debe encargarse de garantizar el acceso equitativo a todos los derechos, incluida la interrupción voluntaria del embarazo.

El informe también sugiere que, en varias comunidades, la atención pública es prácticamente inexistente, con regiones como Andalucía y Madrid mostrando tasas alarmantes de abortos en centros privados. Sin embargo, hay excepciones en comunidades como Baleares y Cantabria, donde los centros públicos tienen una mayor participación en la realización de abortos.

El aumento en la tasa de abortos se ha observado en casi todos los grupos de edad, salvo en los de menor edad, lo que ha suscitado preocupaciones, especialmente entre las mujeres jóvenes, donde se ha reportado un incremento del siete por ciento en el total de abortos.

Las estadísticas indican que un alto porcentaje de las interrupciones se realizan por elección voluntaria de las mujeres (94,62%), mientras que un porcentaje menor corresponde a situaciones de riesgo para la salud o anomalías fetales. Esto refuerza la idea de que el acceso a anticonceptivos y la educación sexual son temas críticos que deben ser abordados para reducir el número de abortos.

La ministra también especificó que casi la mitad de las interrupciones se producen tras relaciones sin protección, lo que pone de manifiesto la necesidad de intensificar los esfuerzos en educación sexual y acceso a métodos anticonceptivos. Para abordar esta cuestión, el Ministerio planea ofrecer preservativos gratuitos a los jóvenes de 16 a 22 años.

En conclusión, aunque se ha registrado un incremento en los abortos realizados en centros públicos, la situación actual es considerada insuficiente por las autoridades de salud. La ministra García ha hecho un llamado a todos los sectores para trabajar juntos en la mejora del acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, garantizando que todas las mujeres tengan la posibilidad de ejercer su derecho a decidir.