El pasado 10 de octubre, desde Madrid se dio a conocer que el Gobierno ha bloqueado en el Congreso la tramitación de dos iniciativas legislativas provenientes de las comunidades autónomas de Asturias y Extremadura. Estas iniciativas buscaban, por un lado, eximir del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) las ayudas otorgadas a los ganaderos por los ataques de lobos y, por otro, reducir la tasa Enresa que deben abonar las empresas eléctricas que operan centrales nucleares.

El Ejecutivo ha ejercido su derecho a veto, según lo establecido en el artículo 134 de la Constitución, que le permite oponerse a aquellas propuestas que representen un aumento del gasto público o una disminución de los ingresos del Estado. Esto significa que cualquier modificación que afecte de esta forma requiere el visto bueno del Gobierno para avanzar en su proceso legislativo.

Las iniciativas presentadas ante el Parlamento plantean reformas fiscales significativas, y desde el Gobierno se ha evaluado que podrían resultar en una reducción de los ingresos presupuestarios. Por ello, se tomó la decisión de bloquear su discusión en la Cámara Baja, evitando que lleguen al debate del Pleno.

En concreto, la propuesta asturiana, impulsada por el Partido Popular y avalada por el gobierno regional socialista, contemplaba la exención del IRPF para las compensaciones recibidas por los ganaderos, tanto por las pérdidas causadas por la fauna silvestre como por sacrificios obligados a causa de enfermedades en el ganado.

Por otra parte, la iniciativa extremeña, que fue presentada por Vox y cuenta con el apoyo del Partido Popular, busca disminuir la tasa que las compañías eléctricas deben pagar por la gestión de residuos radiactivos generados en las centrales nucleares, conocida como tasa Enresa.