La Junta General rechaza la "prioridad nacional" de Vox en ayudas y servicios públicos

La Junta General del Principado de Asturias rechazó este miércoles una proposición no de ley de Vox que reclamaba aplicar el principio de "prioridad nacional" en el acceso a las ayudas sociales y a los servicios públicos de salud, educación y vivienda. La iniciativa solo obtuvo el respaldo de su propio grupo, con la abstención del PP y el voto en contra del resto de formaciones.

El texto pedía vincular el acceso a la sanidad pública a la residencia legal, con excepción de las urgencias vitales, y derogar el Real Decreto 180/2026, de 11 de marzo, que regula la atención sanitaria a personas extranjeras sin residencia legal. También proponía dar prioridad a las familias españolas en las ayudas de comedor, transporte, vivienda y material escolar.

La diputada de Vox Sara Álvarez defendió la propuesta ante el Pleno. Según su argumento, los recursos públicos son limitados y el deterioro de las listas de espera sanitarias y del sistema educativo responde a las políticas migratorias del Ejecutivo central y del Gobierno asturiano. La formación también planteaba reforzar la Alta Inspección educativa y publicar el coste de la inmigración en el sistema de salud.

Las objeciones de los demás grupos fueron diversas. Foro Asturias, a través de Adrián Pumares, cuestionó que la inmigración esté acreditada como causa del deterioro sanitario y atribuyó el problema a la gestión. Convocatoria por Asturias-IU, con Xabel Vegas, calificó el texto de racista. El PP, por boca de Susana Fernández Arias, criticó su carácter generalista y la falta de un diagnóstico riguroso. El PSOE, mediante Jacinto Braña, sostuvo que la atención universal es más eficiente tanto para el gasto público como para la salud colectiva.

El debate revela una fractura política que va más allá de Asturias. Las propuestas de Vox sobre inmigración y servicios públicos se enmarcan en una discusión nacional sobre la sostenibilidad del Estado de bienestar y el modelo de acceso a las prestaciones. Los datos sobre el impacto real de la inmigración en la sanidad y la educación son objeto de controversia, por lo que el asunto seguirá presente en el debate parlamentario.

La votación deja claro el equilibrio de fuerzas en la Cámara asturiana. Con la propuesta rechazada, el foco se traslada ahora a cómo los distintos grupos plantean la gestión de la presión sobre los servicios públicos sin recurrir a la restricción por origen.