En una reciente comparecencia ante la Comisión de Investigación en el Principado de Asturias, Alberto Quirino Vázquez, jefe de sección de Seguridad Minera y actuario de la mina de Cerredo, abordó las circunstancias del trágico accidente ocurrido en marzo, donde cinco trabajadores perdieron la vida. Vázquez, quien realizó visitas a la mina en septiembre de 2024 y enero de 2025, afirmó no haber detectado señales de actividades ilegales durante sus inspecciones.

El inspector compareció en la Junta General para esclarecer las razones detrás del desastre y las posibles responsabilidades que podrían derivarse del mismo. Durante su intervención, Vázquez detalló que su acceso a la mina siempre fue previo aviso, destacando que las visitas se hacían a áreas donde existían labores de extracción, lo que podría implicar riesgos para la seguridad.

En su visita de 2024, Vázquez pudo observar la zona del 'capa María', donde los trabajadores se dedicaban a "retirar chatarra". Sin embargo, no pudo acceder al lugar del siniestro, el cual estaba marcado como inaccesible desde hacía años. El inspector subrayó que en áreas donde sí estuvo presente, no encontró indicios de extracción no autorizada, mencionando que la falta de ventilación y las cintas de advertencia marcaban restricciones claras.

En su inspección de enero de 2025, Vázquez reiteró que no detectó movimientos que generaran alarma, aunque también mencionó que, ante la posibilidad de que la empresa estuviese operando de manera clandestina, tal actividad podría llevarse a cabo sin ser advertida por las autoridades. "Nunca nadie vio nada, y nunca nadie avisó de nada", lamentó, insistiendo en la falta de reportes tras el accidente.

En su testimonio, Vázquez se refirió a la autorización recibida por Blue Solving para llevar a cabo una extracción de carbón como parte de un proyecto de investigación, el cual consistía en obtener 60.000 toneladas durante un periodo de 18 meses. Este conjunto de extractos serviría para determinar la viabilidad del carbón de Cerredo en la producción de materiales industriales como briquetas de grafito.

El testimonio resaltó la contradicción entre la normativa estatal que prohíbe la extracción de carbón y la reciente legislación europea, que reconoce al grafito como material estratégico y permite su producción. A pesar de ello, subrayó que Blue Solving contaba únicamente con permiso para extraer carbón en el contexto de su investigación específica, una actividad que, aunque aparente, representa apenas un 1% del consumo anual en la industria siderúrgica.

Respecto a la denuncia de Promining sobre la actividad en la mina, que se presentó solo días antes del accidente, Vázquez reveló que no pudo confirmar las quejas sobre mareos reportadas por los trabajadores, ya que aún no se habían realizado las entrevistas necesarias, dado que la investigación judicial seguía abierta.

Finalmente, señaló que durante la investigación se está evaluando la extracción de carbón y destacó que, aunque 30.000 toneladas pueden ser difíciles de ocultar, en el lugar de la explosión no se se estaba extrayendo esa cantidad. En su opinión, lo más relevante del accidente no fue la extracción de carbón en sí, sino las condiciones de trabajo clandestinas que lo acompañaban.