OVIEDO, 15 de octubre.

Una mujer originaria de Marruecos ha decidido este miércoles aceptar una sentencia que la condena a dos años de prisión y la obligación de abonar una multa por haber defraudado a una compatriota en la cantidad de 25.000 euros. La estafa se perpetró aprovechando la situación de vulnerabilidad de la víctima, a la que convenció de que el dinero iba destinado a pagos necesarios para mantener su custodia sobre sus cuatro hijos menores.

La acusada, nacida en Marruecos en 1992 y residente en Oviedo, había establecido una relación amistosa en 2022 con la mujer que finalmente se convertiría en su víctima. Esta última, que no dominaba el español, recibió la ayuda de la acusada como traductora durante su proceso de divorcio. Sin embargo, desde septiembre de 2022, la acusada comenzó a explotarla al convencerla de que necesitaba realizar transferencias periódicas a una cuenta que, según su versión, era de carácter estatal para salvaguardar la custodia de sus hijos. En realidad, esa cuenta pertenecía a la hija menor de la acusada.

En un periodo de tiempo, la mujer transfirió un total de 25.000 euros, con el último ingreso registrado en septiembre de 2023. Para poder hacer frente a estos pagos, la víctima, que se desempeña como limpiadora de manera ocasional, tuvo que recurrir a familiares y amigos, lo que la ha colocado en una grave crisis financiera, considerando sus limitados recursos económicos.

Antes del juicio, la acusada había logrado ingresar 15.000 euros en concepto de indemnización parcial, asumiendo parte de la responsabilidad civil generada por sus actos delictivos. Los jueces calificaron los hechos como un delito continuado de estafa, conforme al artículo 250.1.4º del Código Penal, tomando en cuenta la atenuante por reparación del daño causado.

Al aceptar los cargos, la acusada fue condenada a dos años de cárcel y a una inhabilitación especial que le restringe el derecho al sufragio pasivo durante la duración de su condena. Además, se le impuso una multa de 7 meses con una cuota diaria de 5 euros, junto con la advertencia de que enfrentará una responsabilidad personal subsidiaria en caso de no cumplir con sus obligaciones económicas. Asimismo, deberá indemnizar a la víctima con la totalidad de los 25.000 euros, más los intereses legales correspondientes.