OVIEDO, 29 de octubre. En un reciente anuncio realizado en la ciudad de Oviedo, Eduardo Abad, presidente de UPTA España, ha puesto de manifiesto la urgente necesidad de revisar la fiscalidad que afecta a los autónomos del país, considerando insostenible la actual carga impositiva que soportan.

Abad ha especificado que la organización que lidera demandará formalmente al Gobierno una rebaja de cinco puntos en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) que los autónomos deben abonar tanto en sus actividades comerciales como en sus declaraciones anuales. Además, Abad subrayó la importancia de que las grandes empresas y sociedades con facturaciones anuales superiores a los cuatro millones de euros asuman una mayor responsabilidad fiscal, de manera que se pueda equilibrar la necesidad de ingresos del Estado de bienestar con la reducción de la presión fiscal sobre los trabajadores autónomos.

Durante la rueda de prensa, Abad también se refirió a la reciente propuesta del Gobierno, que contempla que aquellos autónomos cuyos ingresos se sitúan por debajo del salario mínimo interprofesional no experimenten incrementos en su cotización. Esta medida beneficiará a cerca de 20.000 trabajadores autónomos en Asturias; sin embargo, también implica un aumento de entre 2,91 y 5,85 euros al mes para aproximadamente 35.000 autónomos en la región.

El presidente de UPTA enfatizó que, para los autónomos que generan ingresos por encima de 4.000 euros mensuales, el incremento en la cotización será de entre 12,25 y 15,75 euros, una cifra que considera insuficiente. Abad argumentó que aquellos autónomos con ingresos considerados como altamente rentables deberían poder asumir una mayor carga contributiva. En este sentido, mencionó que su organización continuará abogando por un aumento de las cotizaciones para los tramos más altos, que abarcan desde el séptimo hasta el duodécimo.

Finalmente, Abad, junto con Javier Fernández Lanero, secretario general de UGT Asturias, manifestó que también es fundamental revisar el sistema de cese de actividad y ofrecer mayores garantías de protección social en los coeficientes que impactan en la jubilación de los autónomos. Tal modificación sería clave para mejorar la calidad de vida de este colectivo y garantizar su bienestar a largo plazo.