OVIEDO, 23 de julio.

En una clara manifestación de apoyo hacia la industria pesquera, el director general de Pesca del Gobierno del Principado de Asturias, Francisco González, ha expresado su satisfacción por la decisión del Gobierno de presentar un recurso de casación ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Este recurso se fundamenta en la reciente sentencia del Tribunal General que prohíbe la pesca de fondo mediante palangre en ciertas áreas del Atlántico catalogadas como ecosistemas marinos vulnerables.

González ha subrayado la importancia de proteger los intereses del sector pesquero, calificando la medida como “desproporcionada y carente del respaldo científico necesario”. Este tipo de regulaciones impactan de manera directa en la flota pesquera asturiana y en el empleo en las comunidades costeras, lo que ha motivado la amplia respuesta del Gobierno asturiano.

El director general ha afirmado que se seguirá trabajando en estrecha colaboración con el Gobierno y otras comunidades autónomas, con el objetivo de promover una actividad pesquera que no solo contemple la sostenibilidad de los ecosistemas, sino que también resguarde la viabilidad de la pesca artesanal y tradicional que caracteriza a la región.

Por su parte, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha explicado que la decisión de presentar el recurso fue consecuencia de una exhaustiva consulta con los servicios jurídicos del Estado. Se ha determinado que existe un fundamento sólido para sustentar el recurso, además de mantener diálogos con las comunidades autónomas implicadas, como Galicia y Asturias, así como con las organizaciones del sector pesquero.

El ministerio subraya que en la resolución del Tribunal General no se ha valorado adecuadamente el impacto socioeconómico de la prohibición, lo que contraviene los principios de la Política Pesquera Común (PPC). Esta política aboga por la sostenibilidad a partir de tres pilares: ambiental, económico y social.

Desde esta perspectiva, el ministerio sostiene que es esencial realizar una evaluación precisa y argumentada que concilie la protección del medio marino con los intereses de quienes ejercen actividades pesqueras, así como los aspectos socioeconómicos que estas conllevan.

Además, el Ministerio destaca que la implementación del reglamento, vigente desde octubre de 2022, ha tenido un “impacto significativo” en la flota de palangre de fondo. Las capturas de merluza se han visto afectadas, con una reducción del 32% en promedio por embarcación; en el puerto de Burela, uno de los más representativos para esta especie, la disminución ha alcanzado el 39%. Junto a la presentación del recurso, Luis Planas ha manifestado la disposición del ministerio para dialogar y negociar con la Comisión Europea la exclusión del palangre de fondo de esta controvertida prohibición.