OVIEDO, 2 de octubre. La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco, compareció este jueves ante la comisión parlamentaria para abordar la situación actual de los Puntos de Encuentro Familiar (PEF). En respuesta a las inquietudes planteadas por el Partido Popular, Del Arco reveló que en la actualidad, estos centros atienden a 614 menores. Además, mencionó que durante el último año, solo han recibido dos quejas formales que han llegado a la Dirección General de Infancia y Familias, la cual es responsable del cumplimiento de los contratos establecidos.

La consejera hizo énfasis en que si bien es consciente del descontento existente, las quejas son analizadas minuciosamente con todas las partes implicadas. “Cada queja que recibimos nos obliga a realizar un análisis profundo para determinar qué cambios legislativos y estructurales son necesarios para mejorar la situación actual”, comentó Del Arco.

Del Arco señaló que ya han establecido contacto con la Viceconsejería de Justicia y están colaborando con la Dirección General de Igualdad para revisar un decreto que data de hace 20 años. Este trabajo busca evaluar las recientes quejas y adaptar la normativa a las realidades actuales y necesidades de los PEF.

En su presentación inicial, la consejera recordó que la mayoría de los casos que llegan a los PEF provienen de derivaciones judiciales y de servicios sociales. Aproximadamente el 90% de estas derivaciones son realizadas por juzgados, mientras que el 10% restante proviene de administraciones autónomas, siendo el órgano derivante quien establece las pautas de intervención y la comunicación de incidencias.

Por parte del Partido Popular, la diputada Beatriz Polledo, tras escuchar las declaraciones de Del Arco, expresó que, más allá de las dos quejas mencionadas, han recibido un número considerable mayor de preocupaciones por parte de los usuarios de los PEF. “La situación que se vive en los PEF de Asturias es alarmante, y no solo hemos oído quejas de usuarios, sino también testimonios de asociaciones como la Asociación Contra la Violencia de Género”, afirmó Polledo, quien advirtió sobre la existencia de un patrón recurrente de irregularidades en el funcionamiento de estos centros.

Polledo subrayó que las irregularidades denunciadas son de gran gravedad, destacando la falta de cumplimiento de las condiciones previstas por sentencias judiciales, en particular la realización de visitas supervisadas. “Esto pone a los menores en situaciones de riesgo”, afirmó, añadiendo que en muchos casos se realizan encuentros sin la supervisión requerida, lo que vulnera la seguridad de los menores durante estas interacciones.

La diputada del PP insistió en que la falta de regulación adecuada y de informes iniciales está obstaculizando la correcta intervención en estos casos, y por ende, afectando tanto el funcionamiento del servicio como la protección de los derechos de los progenitores involucrados. “Es imperativo que la administración competente actúe de inmediato para abordar estas deficiencias y asegurar el cumplimiento de la normativa vigente”, concluyó Polledo, enfatizando la urgencia de una revisión externa y rigurosa del funcionamiento de los PEF.