OVIEDO, 17 de julio. El Gobierno de España se enfrenta a un nuevo desafío por parte de la Comisión Europea, que ha demandado este jueves que se inicie en un plazo de dos meses la eliminación del peaje en el Huerna. Esta petición surge tras una denuncia realizada en 2021 por el exdiputado autonómico Daniel Ripa. El exparlamentario ha descrito la decisión como "una victoria contundente", resaltando que el 17 de julio de 2025 será recordado en la historia de Asturias. Ripa se mostró seguro de que la eliminación del peaje "será definitiva".

En un comunicado enviado el mismo 17 de julio, la Comisión Europea, a través de su jefe de Unidad de Cumplimiento en la Dirección General de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes, ha expuesto que tanto la extensión del contrato de la AP-66 como su posterior traspaso infringen la legislación europea de contratación pública. Esto se debe a que no se publicó un anuncio de licitación ni se llevó a cabo un proceso competitivo, tal como estipula la normativa.

Ripa insistió en que esta es una decisión irrevocable que pone un punto final al procedimiento de infracción que se abrió tras su denuncia, la cual fue presentada con el asesoramiento legal del abogado Javier Álvarez Villa. Además, la denuncia también incluyó un análisis sobre las prórrogas de la AP-9 y la venta de la Empresa Nacional de Autopistas, acciones que la Comisión considera en desacuerdo con la Directiva 93/37/CEE y los principios de equidad y transparencia.

El exdiputado advirtió que, si el Gobierno no inicia la eliminación del peaje dentro del plazo establecido, el asunto será elevado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En tal caso, España podría enfrentarse a sanciones económicas diarias por incumplir con esta resolución.